Se abrió una causa penal donde se investigará a funcionarios de La Plata para saber si faltó prevención y un plan de contingencia en las inundaciones del 2 de abril.
La Fiscalía Especial de Investigaciones Complejas de La Plata abrió una causa con el fin de poder determinar eventuales responsabilidades penales de funcionarios bonaerenses, por el delito de “estrago doloso”, en la inundación que se dio el pasado 2 de abril y que ha provocado, al menos 52 muertos.
Héctor Vogliolo es el Fiscal General que dispuso la intervención de los fiscales Esteban Lombardo, Jorge Paolini y Victoria Huergo, con el auxilio de 15 instructores judiciales. Se advirtió que no usaran fuerzas policiales para sus tareas de investigación.
En esta oportunidad, estarán orientados a buscar evidencias de comportamientos negligentes o directamente lesivos que estuvieran vinculados con la seguridad pública, con el agravante de su comisión desde el Estado, en cualquiera de los tres niveles, sea Nación, Provincia o Municipio.
El estrago es un delito que consiste en causar un daño de grandes proporciones que terminan provocando un peligro común ya sea incendios, inundaciones o explosiones. En este caso es a los habitantes del Gran La Plata.
El gobierno de Pablo Bruera, y en forma subsidiaria el provincial, están bajo observación por la falta de prevención en las alertas del temporal, además de la falta de plan de contingencia durante la inundación y falencias en los operativos posteriores. También la imputación podría llegar a las tres jurisdicciones porque no se realizaron obras de saneamiento de las cuencas hídricas de la ciudad, entre ellas las del Arroyo del Gato.
La intervención es una causa separada a la que ya investiga el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta que es bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y está centrada en el resgistro de los fallecimientos provocados por la inundación. Por un lado, el Ministerio de Seguridad Bonaerense tiene un listado oficial de 52 muertos y esa cantidad de víctimas es objetada por el fuero Contencioso Administrativo.
En ese sentido, la jueza Ana Logar está actuando en un relevamiento que realizó, en su momento, el juez Luis Arias, 48 horas después de la catástrofe. El expediente tuvo su origen en un recurso de amparo presentado por el defensor penal juvenil Julián Axat, al enterarse de la muerte de una persona calificada como NN en la morgue local y que no estaba en el listado oficial.
En el transcurso de la última semana se abrió otro proceso en el juzgado Contencioso Administrativo Nro 3 de Francisco Terrier, por un recurso de “hábeas corpus” que asiste al ciudadano a conocer datos personales que registran los organismos públicos. En este caso, se provocó porque una joven había denunciado irregularidades en documentación ingresada en el Registro de la Personas desde la Morgue Policial.
Por último, la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante tiene a disposición dos meses para poder dictaminar quiénes deberían responder por las inoperancias.