La periodista salvadoreña Julia Gavarrete, del medio digital El Faro, habló con DW sobre la represión del gobierno de Nayib Bukele, el espionaje con el software Pegasus y la nueva “ley mordaza”.
DW: El Faro siempre ha sido objetivo de severas críticas por parte los gobiernos salvadoreños. ¿Cómo ha cambiado la situación con el actual presidente, Nayib Bukele?
Julia Gavarrete: Creo que, a diferencia de los gobiernos de ARENA y del FMLN, que también hicieron uso del organismo de inteligencia del Estado para espiar a periodistas, ahora estamos frente a un gobierno que genera ataques sistemáticos que son mucho más agresivos que en gobiernos anteriores. Eso ocurre porque Bukele ha logrado encontrar maneras dentro de espacios digitales como las redes sociales, donde puede instalar un discurso de odio en contra de periodistas críticos, y donde estamos catalogados de ‘enemigo del pueblo’ porque publicamos información que no es del agrado del presidente.
Durante más de un año, 35 periodistas y activistas salvadoreños han sido vigilados con el software Pegasus, incluyéndola a usted. ¿Cómo se dio cuenta del espionaje?
Junto con una colega, tuvimos muchos inconvenientes con nuestros iPhones recién comprados: La batería se descargaba muy rápido, los teléfonos se reiniciaban sólos, y algunas aplicaciones no funcionaban. Consulté con algunas especialistas, pero nadie me dio una respuesta. Al final, buscamos el apoyo de la organización Access Now (una ONG por la defensa del internet abierto y libre), y nos confirmaron preliminarmente que sí se trataba de Pegasus. Luego nos pusimos en contacto con Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, que reafirmó el hallazgo e hizo un examen más exhaustivo de nuestra información. En ese momento alertamos a nuestras redacciones.
Eso fue en septiembre de 2021. Un año antes, ya habían entrado a su apartamento para robar su computadora…
En ese momento trabajaba para la revista Gato Encerrado, y junto con una colega estábamos preparando una investigación que queríamos publicar sobre los datos que no se registraban de personas con COVID-19, porque durante la pandemia, en El Salvador toda la información con respecto a ella ha sido declarada bajo reserva. Cuando regresé de una conferencia de prensa a mi casa, se habían llevado mi computadora.
Desde su perspectiva, ¿por qué lo hicieron?
El mensaje era: “Te estamos viendo y podemos entrar a tu espacio incluso.” Lo pienso porque solo se llevaron mi laptop y un par de cosas sin mayor valor. El hecho de que no hay respuesta hasta el momento de parte de la fiscalía demuestra que no hay interés para poder resolver el caso.
Respecto a la vigilancia con el programa Pegasus, la investigación de Citizen Lab y Access Now logró identificar fechas concretas de las intervenciones. ¿Les ayudó a entender qué fue lo que buscaron los responsables de la operación?
Al tener las fechas de las intervenciones, logramos conectarlas concretamente con lo que le ocurría en el transcurso de ese día a cada periodista. Así podíamos ver que, por ejemplo, el día que El Faro publicó las negociaciones del presidente Bukele con las pandillas, hubo una intervención. Las intervenciones siempre coincidieron con alguna investigación periodística hecha por nosotros, o con el contexto político de El Salvador. El informe también logró identificar que las intervenciones ocurrieron dentro de El Salvador.
Aunque no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor de los ataques, parece obvio que el gobierno salvadoreño podría tener mucho interés en este tipo de vigilancia. ¿Cuál fue su reacción tras las revelaciones?
Ellos negaron estar utilizando el software. No nos respondieron cuando les preguntamos, horas antes de la publicación, sobre la vigilancia. A la prensa internacional, el gobierno sí le respondió con un comunicado, diciendo que no hacen uso de Pegasus y que también son víctimas de espionaje. Después de este comunicado, el gobierno trató de no hablar y desligarse del tema.
Poco después, la bancada oficial aprobó una ley que avala el uso de “agentes encubiertos digitales”. ¿Cómo actúa esa ley?
El oficialismo aprobó el uso de agentes encubiertos o patrulleros digitales para poder meterse en las conversaciones de cualquier persona y extraer información catalogada como información que genera un riesgo para el país. El problema mayor que vemos es que se legalizó el espionaje, y ya no hay manera de denunciar el robo de información, porque ya está previamente avalado.
¿Han cambiado los protocolos de seguridad del equipo de El Faro?
Desde que detectamos Pegasus, toda nuestra manera de comunicación cambió, en el sentido de cómo manejamos nuestra información y comunicación con las fuentes. Lo que hicimos fue crear formas paralelas, por ejemplo, de encriptación, donde pudiéramos compartir información delicada con fuentes, o quedar con fuentes para algunas entevistas sin que esta información viajara por nuestros teléfonos. Si hablamos con fuentes, ya no es con una llamada de nuestros teléfonos. O buscamos una computadora que esté libre de cualquier virus, o tenemos que recurrir a la entrevista presencial en un lugar que sea seguro.
En abril de este año, el Parlamento salvadoreño aprobó una ley que prohíbe a los medios de comunicación “la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados” supuestamente elaborados por las pandillas, y “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Las penas que conlleva la reforma van hasta 15 años de prisión. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley?
El periodismo se ha convertido quizás en uno de los últimos contrapesos que hay en El Salvador, y la nueva ley frena la labor periodística. Como es tan ambiguo, no sabemos si mencionar, entre otras cosas, las zonas controladas por las pandillas, es un riesgo, porque “estamos generando zozobra”. Ya no hacemos el libre ejercicio periodístico como podríamos haberlo hecho antes. Ahora tenemos que pensar si un artículo puede llevarnos a la cárcel o no por el simple hecho de estar informando a la gente.
El gobierno argumenta que la ley se necesita para reducir los espacios en los que las pandillas pueden comunicarse.
En El Faro hemos publicado cómo dentro del régimen de excepción, hay gente que sigue extorsionando, y que las pandillas siguen activas. No creemos que todas estas reformas, o el hecho de que el gobierno va creando mecanismos para combatir el crimen, sean realmente porque esté queriendo desmantelar a las pandillas, sino que más bien creemos que está configurando un nuevo sistema jurídico en El Salvador. Por eso proyectamos que el régimen de excepción es el nuevo sistema, donde no nos vamos a poder defender. Es casi naturalizar un nuevo sistema judicial en El Salvador.