La decisión del Tribunal Internacional de Justicia es vinculante.
El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), ha rechazado las demandas de Croacia y Serbia por genocidio perpetrado en las guerras de los Balcanes. Ambos países se habían acusado mutuamente entre 1999 y 2010, pero, según los jueces, ninguno ha probado que “los crímenes denunciados encajen en lo estipulado por la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, de 1948”. El TIJ reconoce que hubo asesinatos, violaciones, maltrato y desplazamientos forzosos de civiles en ambos territorios, ya fuera a manos de tropas serbias o bien croatas. “Sin embargo, el genocidio requiere la intención expresa de destruir a un grupo humano concreto. Para que la limpieza étnica, aquí señalada, pueda desembocar en un genocidio, debe demostrarse el propósito sistemático de acabar con otra etnia. Y no fue así”, ha dicho el presidente del Tribunal, Peter Tomka. El dictamen es vinculante y puede contribuir a que Zagreb y Belgrado avancen hacia una reconciliación dificultada por el trágico pasado común.
El TIJ ha dictado una sola resolución para ambas demandas, y la votación de sus jueces ha sido contundente: la de Croacia contra Serbia ha sido rechazada por 15 votos contra dos; la de Serbia contra Croacia por unanimidad. El Tribunal es el máximo órgano judicial de la ONU y solo ha admitido un genocidio desde su fundación, en 1945. Fue en 2007 y se refería a la muerte de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica (1995), tiroteados por tropas serbias. Aunque no lo atribuyó entonces al Estado serbio, sí afirmó que había violado la legislación internacional al no prevenir la matanza. Este precedente ha pesado en el resultado actual, ya que croatas y serbios reclamaban justicia por lo ocurrido en la misma guerra, aunque en otras zonas de la antigua Yugoslavia.
En el caso actual, la primera demandante fue Croacia. En 1999 acusó a Serbia de genocidio por las matanzas de civiles en la ciudad de Vukovar. Ejecutadas por el Ejercito yugoslavo, Zagreb aducía que los ataques fueron ideados por el Gobierno de Belgrado. Debían tratarse, por tanto, como un caso de genocidio saldado con unos 10.000 muertos. El problema, para el TIJ, son las fechas. Serbia no había firmado la Convención relativa al genocidio en 1991, momento de la agresión. “Lo hizo en 1992, y no se le puede hacer responsable con efectos retroactivos”, ha señalado Tomka. EL TIJ ha admitido que la ciudad fue asaltada por militares serbios “pero como parte de un plan político destinado a crear un Estado étnicamente homogéneo, algo ya demostrado por el Tribunal para la antigua Yugoslavia (TPIY)”. “La intención no era destruir a los croatas, sino expulsarlos”.
Serbia contestó en 2010 a la demanda croata con una similar, analizada asimismo por los jueces de la ONU. Centrada en la Operación Tormenta (1995) a cargo de soldados croatas resueltos a recuperar el territorio arrebatado por los serbios, hubo 7.000 muertos y 230.000 desplazados. Peter Tomka ha repetido aquí con mayor énfasis sus argumentos. “Incluso aceptando la intención de expulsar a los serbios de suelo croata, no hay pruebas de que se quisiera exterminarlos”, ha dicho.
La lectura de ambas reclamaciones detalla los crímenes y el trágico precio pagado por la población en general. Algo que ningún juez discute. Este martes, Ivica Dacic, ministro de Exteriores serbio, ha declarado que tal vez ahora “pueda cerrarse un proceso de casi 20 años destinado a probar quién ha sido el mayor criminal”. En la sede del TIJ, en La Haya, su colega croata de Justicia, Orsat Miljenic, ha dicho que “no veía claro un acercamiento, de momento”. Las posturas parecen todavía encontradas, pero ambos países están haciendo un esfuerzo por entenderse en los últimos tiempos. Al cerrar el caso, el TIJ les ha animado “a cooperar y compensar a todas las víctimas”. En otras palabras, a buscar una fórmula política para recuperar las relaciones bilaterales.