Es lo que informó Peña en su informe de esta semana ante la Cámara de Diputados; no existe un parámetro estipulado de contratación ni de control.
La gigantesca madeja de recursos que componen el gasto público no deja de sorprender por el destino y la magnitud de algunas partidas. Es el caso de las transferencias que el Estado realiza a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Este año tiene previsto destinar poco más de $7500 millones a su financiamiento, un presupuesto sobre el que no rigen parámetros unívocos de contratación ni de control.
La cifra surge del último informe que, por escrito, presentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados. Ante la pregunta que formuló la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical, el Gobierno informó que la partida “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro” totaliza este año 14.845 millones de pesos, de los cuales la mitad se destina a la Superintendencia de Servicios de Salud para financiar la cobertura médica, por medio de las obras sociales, de enfermedades crónicas, trasplantes e intervenciones de alta complejidad. El resto de la partida, en tanto, se reparte entre los ministerios para atender distintas fundaciones y asociaciones civiles. En total son $7531 millones que se distribuyen sin criterios preestablecidos de asignación.
“Como solemos decir en Evolución Radical, tenemos tres veces más Estado, pero también, tres veces más ONG -planteó la diputada Carrizo en el recinto-. La Argentina lidera el ranking en materia de asociacionismo civil; es mayor a los de todas las democracias europeas juntas. ¿Quiénes conforman estas organizaciones? ¿Cómo se financian y de qué manera las controlamos? Cada organismo público tiene criterios distintos de asignación a los programas y de control”.
Ante el planteo de Carrizo, Peña admitió que “hay mucha dispersión en los programas de gobierno” y que la situación amerita remediarse. “Estamos más que abiertos a analizar cómo reducir la dispersión de normativas y de políticas públicas de la sociedad civil. Creo que es un tema que vale la pena, entendiendo igualmente que una cooperativa de vivienda o un comedor comunitario vive situaciones distintas a las de las grandes ONG”, respondió.
En efecto, los organismos civiles que reciben recursos del Estado son de lo más diversos. El listado va desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las ONG más importantes a nivel nacional -y, también, de las más beneficiadas por el Gobierno, con casi 5 millones de pesos en 2017- hasta cooperativas de trabajo, asociaciones culturales, instituciones religiosas como Cáritas, AMIA y la DAIA, clubes de barrio, entre otros.
“En muchos casos se trata de organismos civiles que realizan tareas que el Estado, por distintas razones, no hace. Por eso el Estado ?terceriza’ en ellos estas funciones, conformando así una suerte de ?Estado paralelo de ONG’. Está bien que en una sociedad haya organizaciones civiles fuertes; el problema es que en el Estado no rige un mismo parámetro de contratación ni de control”, advirtió Carrizo a LA NACION.
En efecto, en el propio informe del jefe de Gabinete se admite que no hay un mismo estándar para la contratación de ONG. “Los requisitos que deben cumplir las ONG para acceder a recursos públicos (así como la modalidad de rendición de gastos) varían en función del organismo financiador, del tipo de proyecto del que se trate y las actividades a desarrollar por estas asociaciones”, respondió.
En uno de los anexos del documento figuran los ministerios que reparten fondos a las ONG. El que más presupuesto distribuye este año es el Ministerio de Seguridad, con $972,2 millones: de ellos, poco más de 900 millones están destinados a asociaciones de bomberos voluntarios. Otros $3.233.630 fueron el año pasado a la AMIA y $3.045.000 a la DAIA.
Le sigue en el ranking el Ministerio de Trabajo con un presupuesto $695 millones. El Ministerio de Producción, en tanto, tiene una asignación de $587,9 millones anuales (en su mayoría destinados a la Fundación Exportar), mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cuenta con $574 millones. En ninguno de estos tres casos se informan las ONG beneficiadas con recursos públicos. Los órganos estatales que sí especificaron a qué ONG repartieron el año pasado su presupuesto son:
*Jefatura de Gabinete: en 2016 y 2017 se firmaron 198 convenios con 42 organizaciones por $44.456.495 para realizar un relevamiento de barrios populares en todo el país.
*Ministerio del Interior: este año tiene un presupuesto de $10 millones destinados a ONG y cooperativas de trabajo para mejoramientos de viviendas.
*Ministerio de Cultura: este año cuenta con un presupuesto asignado de 57 millones.
*Anses: Repartió fondos por $6,22 millones a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP); Rinconcito de Luz Asociación Civil (Rinconcito de Luz); la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS); Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).