Según un informe de la Defensoría del Pueblo, la incidencia en temas de estupefacientes casi cuadruplica a lo que sucede con los varones. El robo con armas, la segunda causa de prisión.
Al menos una de cada tres mujeres privadas de su libertad en cárceles de la Provincia de Buenos Aires está procesada o condenada por acusaciones de infracción a la ley 23.737, que pena la tenencia y el tráfico de estupefacientes. La mirada sobre las estadísticas oficiales, que se realizó en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, devuelve un fuerte contraste con respecto a la incidencia de estos delitos entre los varones, donde la tasa llega solo al 9 por ciento de los detenidos.
El análisis que difundió el defensor adjunto Walter Martello -basado en datos del último informe del Ministerio Público Provincial sobre investigaciones penales- ubica como segunda causa de detención, con un 18 % de la población carcelaria femenina, al delito de robo con armas. Lejos, en tercer lugar de la foto de datos de 2017, aparecen los homicidios, con un 8 % de los procesos.
Ante este escenario, el funcionario sostuvo que es necesario repensar las políticas de prevención de las adicciones y de combate al narcotráfico con una perspectiva de género. “De las 726 mujeres que estaban detenidas en las cárceles federales en diciembre del 2015, 444 fueron acusadas por infracciones a la Ley 23.737, es decir, el 61,2% de la población total femenina”, destacó Martello y añadió que la tendencia también se registra en el sistema carcelario bonaerense: “La incidencia de los delitos vinculados con drogas en la población carcelaria femenina es casi cuatro veces superior que la población masculina que está tras las rejas o en prisión domiciliaria: 34% contra 9%”. Otro aspecto, que puso de relieve el Defensor Adjunto es que “el número registrado en 2017 de mujeres encarceladas por este tipo de delitos fue 16% superior respecto a 2016”.
Estos números se revelan en el estudio de proporciones sobre una población carcelaria en la que los varones son una abrumadora mayoría: 46.904 contra 2.578. De ese total de privadas de la libertad, el 34% están condenadas y sólo 574 tienen prisión domiciliaria (22%). Unas 50 mujeres presas estaban embarazadas al momento de realizarse el relevamiento, informó la Defensoría.
Martello también es responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos. Según analizó, las mujeres involucradas en las infracciones a la ley de estupefacientes provienen de los sectores sociales más postergados y quedan expuestas al delito de drogas como ‘mulas’ o correos humanos, a la comercialización como economía de subsistencia, por la relación de pareja con un hombre señalado responsable del delito o por tenencia de droga.
“La desproporción entre hombres y mujeres encarceladas se da porque, dado las escalas penales elevadas, la Ley ofrece el mismo marco punitivo a situaciones que ameritan diferenciarse: por ejemplo si transporta para sí o para terceros, el grado de liderazgo y precio prometido, entre otros aspectos”, indicó el Defensor Adjunto y añadió que “muchas veces debemos preguntarnos si en verdad aquellas mujeres utilizadas para el contrabando y transporte de estupefacientes son delincuentes o víctimas indirectas”. Del mismo modo, propuso preguntarse si los casos de narcomenudeo “¿no están influidos por la economía de subsistencia que lleva a las mujeres a ese delito?” Por su parte, la abogada, docente universitaria e investigadora, Silvana Paz, consideró que “en esos datos puede advertirse el fenómeno de las familias fragmentadas, con un alto porcentaje encabezadas por mujeres en un proceso de pauperización. ¿Qué hace la mujer ante eso? Puede vender jabón, pan, paco o marihuana en una situación de pérdida de conciencia de la ilicitud”, dijo y aclaró que “estos delitos no es que antes no existían. Si no que no ingresaban a la estadística de la Provincia porque eran delitos federales”.
En vísperas de la jornada lucha contra el consumo y tráfico de drogas, que se conmemora hoy, Martello insistió con el pedido de procesos especiales: “Esto demuestra claramente la necesidad de adaptar la legislación a la nueva realidad y propiciar la expansión de los tribunales específicos de drogas, que puedan ofrecer oportunidades diferenciadas en algunos casos, donde se contemple, además de la sanción, la situación del consumo y del entorno social y examinar el régimen de penas”.
La guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, elaborada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en conjunto con la Advocacy for Human Rights in the America (WOLA) y el International Drug Policy Consortium (IDPC), el común denominador en las mujeres vinculadas a infracciones relacionadas con droga que realizan tareas de “correos humanos” o “mulas”.
Algunas de estas mujeres son mantenidas dentro de la red del tráfico porque sus familias quedan bajo la vigilancia de la organización y ellas mismas son amenazadas para que no revelen datos en caso de detención. En la Argentina, las estadísticas oficiales muestran que nueve de cada diez extranjeras encarceladas por delitos de drogas a nivel federal lo fueron por ser correos humanos.