El ex Senador de la Nación habló a través de la 99.9 de aquél caso donde tuvo un papel fundamental descubriendo los negociados que hizo el estado en la intervención de un grupo vinculado a la industria vitivinicola.
La expropiación de Vicentín tiene un antecedente en la Argentina que ocurrió en 1980 mientras gobernaba en el país la dictadura militar. En aquél momento, los hechos llevaron a una administración fraudulenta de esa firma por parte del estado y uno de los que pudo desbaratar ese mal manejo de fondos fue Ernesto Sanz que habló al respecto a través de la 99.9.
“Es la misma figura que ahora con el Grupo Vicentin, es una intervención estatal sin pasar por la justicia. La diferencia es que durante el proceso no había ley formal del Congreso, sino que las dictaba la Comisión de Asesoramiento Legislativo que reemplazaba a todo el Congreso Nacional. En ese momento, decidieron intervenir un grupo empresario de la industria vitivinicola”, señaló.
En aquél momento se pudo comprobar muchos años después que se manejó muy mal la empresa perdiendo mucho dinero del estado: “el Estado fue muy mal administrador del Grupo Greco, tuvo muchísimos problemas. Después de 15 años de administración estatal, fue un pésimo negocio donde se pagaron millones de dólares. Es una buena similitud porque no conozco antecedentes de un estado metiéndose así en una empresa privada y que luego muestre que lo administró bien o cometió algún objetivo político concreto”.
Toda la saga de investigación terminó hace poco más de una década y por descubrimiento de dos senadores: “en 2006 termina el episodio cuando dos senadores nacionales, Gerardo Morales y yo descubrimos estudiando una ley de presupuesto en el Senado, ocultos 600 millones de dólares para pagar acreedores. Una estafa que denunciamos en la justicia y con el tiempo se condenaron a varios funcionarios”.
LA POST PANDEMIA EN MENDOZA
Desde su provincia de origen, Sanz explicó que “en el plano sanitario y social, estamos mucho mejor que en otros lugares del país. De a poco, fruto de que el virus no circuló, se fue normalizando la actividad. Estamos en un 70% de la normalidad. En el otro plano donde estamos mal es en el económico”.
Entre las principales consecuencias de la cuarentena, está la paralización de una importante obra sin justificativo válido: “la provincia cayó en recaudación pública y eso generó que se paralizara la obra pública, se empiezan a sentir las consecuencias del parate de la economía. Recibimos una noticia terrible que fue la suspensión por parte del gobierno nacional, en una medida insólita e insostenible, de la obra del Siglo que es una represa en el Río Grande. Es un acuerdo judicial, es el pago de un juicio añejo de la provincia contra la Nación que comenzó en 1995. La licitación de la obra era el 3 de julio pero de buenas a primeras, el gobierno decidió frenar el financiamiento de la obra”.
En ese sentido, se está viendo la respuesta de la población ante la debilidad de las instituciones, algo que Sanz valoró: “el freno a las arbitrariedades lo está dando la sociedad porque las instituciones son débiles. Cuando la sociedad pone el freno, ya sea con la gente en Avellaneda o los que cacerolean en las grandes ciudades, las redes sociales o los periodistas; es el mejor antídoto para equilibrar las cargas. En otros países los frenos y contrapesos lo ponen las instituciones, en Argentina eso no funciona y es la sociedad quien debe hacerlo”.