La Justicia porteña identificó a quienes ocuparon el predio vecino a la Villa 20 para vender lotes en hasta $ 20 mil. Están vinculados al Movimiento Evita, del kirchnerismo. Hay 12 pedidos de detención.
La toma del predio de Villa Lugano cumple hoy 70 días. Lo que en un principio parecía un episodio más en el crónico problema del déficit habitacional en la Ciudad, ya puede ser catalogado como un caso de accionar mafioso que busca lucrar con la necesidad de los marginados. La Justicia porteña tiene probado que el objetivo de la toma era lotear el predio para venderlo: Clarín tuvo acceso al expediente y las escuchas telefónicas, que demuestran que la usurpación fue realizada por punteros políticos de la villa 20 que tienen fuertes vínculos K con el Movimiento Evita, la organización piquetera que nació como Movimiento de Trabajadores Desempleados con su líder Emilio Pérsico y que hoy integra Unidos y Organizados con La Cámpora y el sabatellismo .
Además, está comprobado que dentro del terreno ocupado se vende droga y hay gente armada. El Ministerio Público Fiscal porteño ya pidió la detención de 12 personas. Una de ellas, Marcelo Chancalay, está prófugo. A otros tres la jueza Gabriela López Iñíguez les permitió seguir en libertad, y la situación del resto está por definirse.
La toma comenzó en las primeras horas del 24 de febrero, en el predio de Pola y Fernández de la Cruz, junto a la villa 20. En esa madrugada, y por un enfrentamiento interno, fue asesinado Osvaldo Soto, uno de los ocupantes. Se cree que el asesino es un paraguayo que se fugó del país. En los días posteriores, tanto la Justicia como el Ejecutivo y legisladores negociaron la liberación del predio a cambio de planes de urbanización, pero los ocupantes se negaron a irse.
Los fiscales de la Ciudad comenzaron a investigar. El 2 de marzo hicieron los primeros allanamientos, en los que secuestraron celulares, documentación que prueba el manejo discrecional de planes sociales por parte de los punteros y boletos de compraventa de lotes en la villa 20. Con esta documentación, más las escuchas y declaraciones de testigos, descubrieron cómo funcionaba esta organización, que buscaba vender cada lote por entre $ 8.000 y $ 20.000. Además, a algunas personas les cobraban por instalarse y al poco tiempo los sacaban por la fuerza.
En la Fiscalía General contaron que la toma se dividió en grupos encabezados por Chancalay y las familias Ríos y Jiménez. ¿Quiénes son? La siguiente es la descripción que hicieron en la Justicia: Marcelo Chancalay es un histórico puntero de la villa 20. Figura en la planta de empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, aunque en la Fiscalía aseguran que también está vinculado al kirchnerismo y a UNEN. Tiene una empresa constructora, MACH S. R. L, y tres cooperativas de trabajo, desde las cuales realizaba obras públicas (se cree que trabajó para la Fundación Sueños Compartidos de Madres de Plaza de Mayo) y administraba planes sociales. En los extractos de sus cuentas bancarias se ve que en los últimos 15 meses hizo depósitos por más de $ 2.100.000. El día posterior a que los fiscales pidieran la intervención de su teléfono, recibió una muy oportuna llamada de una mujer que le dijo: “Meté tu auto en un garage y desaparece de Lugano y Mataderos”; “tu celular cambialo, colgá y no llames más, te están siguiendo”.
Desde entonces está prófugo.
Emanuel Ríos y algunos familiares también tienen influencia en la villa 20. Ex participante de la toma del Parque Indoamericano, fue uno de los primeros en mostrarse ante las cámaras de televisión como vocero de los ocupantes. Las escuchas a su teléfono demostraron sus vínculos con el Movimiento Evita (ver Las escuchas…).
Claudio Jiménez y su familia son otro clan histórico de la villa 20, que se articula con los Ríos en el control de la toma. Hay declaraciones de testigos con identidad reservada que manifestaron como esta gente amenaza a los ocupantes para que no delaten nada.
Héctor Urquiza es otro puntero de la villa 20, y también se mostró ante las cámaras como uno de los delegados de los ocupantes.
Los fiscales también pidieron la detención de Marta Isabel “La Negra” Yané. Se trata de una militante del Movimiento Evita que trabaja para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Alicia Kirchner. De hecho, el teléfono desde el cual se comunicó con Emanuel Ríos pertenece al Ministerio. Esta mujer además sería colaboradora de la legisladora kirchnerista María Rachid, a la que menciona en numerosas oportunidades en las escuchas. Yané le ofreció a Emanuel Ríos conseguirle un contrato (le prometió un anticipo de $ 1.500), ayudarlo para conseguirle a su hija una vacante en un jardín de infantes y hasta apoyarlo como candidato para presidir la junta de la Villa 20. Además, Ríos se contactó con un tal Emiliano (no se menciona su apellido), otro militante del Movimiento Evita, quien lo convocó a participar en actos del kirchnerismo.
La investigación también determinó otro tema muy grave: al menos diez testigos declararon que durante las noches en el predio tomado se monta una carpa en la que se venden drogas.
El jefe de los fiscales porteños, Martín Ocampo, aseguró: “Se deben realizar investigaciones inteligentes para identificar a las organizaciones criminales que explotan a las personas con necesidades. Estamos comprometidos en llevarlos a juicio.” Más allá de los pedidos de detenciones, la jueza López Iñíguez ya firmó la orden para desalojar el predio. Sin embargo la medida sigue pendiente, en parte por la dificultad para organizar el operativo entre la Policía Metropolitana, la Federal y Gendarmería; pero sobre todo por la falta de decisión política del Gobierno porteño. Es que, si bien en la toma hay sólo unas 40 familias permanentes, ante el primer atisbo de un operativo policial aparecen muchos más.