El gobierno de coalición progresista de España declaró la “emergencia climática y ambiental” y anunció un total de 30 líneas prioritarias de actuación que se compromete a implantar en sus 100 primeros días en el poder, aunque aún debe concretar las medidas, entre ellas los cambios hacia una “fiscalidad verde”.
De esta manera, España se sumó a Francia, Irlanda y Canadá, convirtiéndose en el cuarto país en declarar la emergencia climática.
Una de las primeras medidas aprobadas por el gabinete formado por socialistas y la coalición de izquierda Unidas Podemos -del que también participa el partido de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau- es remitir al Parlamento una “Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, con la que se busca alcanzar la meta de emisiones netas cero para 2050.
Con ese objetivo se impulsará un sistema eléctrico 100% renovable, un parque automotor privado y de vehículos comerciales con emisiones cero, un sistema agrario neutro en emisiones y un sistema fiscal, presupuesto y plan de inversiones “compatible con la necesaria descarbonización de la economía”.
El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez se compromete a, “salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas”, no otorgar beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil.
Pero además “analizarán los vigentes”, lo que puede llevar a un cambio en el impuesto al diésel, que subirá, lo que anticipa una fuerte resistencia por parte de taxistas y transportistas independientes.
La “fiscalidad verde” no tiene afán recaudatorio sino “disuasorio” para impulsar una transformación del modelo productivo.
Tampoco autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos.
El acuerdo del gobierno incluye, también, una estrategia para un turismo sustentable.
Una de las medidas “urgentes” que impulsa el Ejecutivo nacional de España es la implementación de “zonas de bajas emisiones” en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, que vetarían la circulación de autos contaminantes.
VEHÍCULOS CONTAMINANTES, AFUERA
En este marco, Barcelona inauguró el 1 de enero la mayor zona de bajas emisiones del país y del sur de Europa, que abarca 95 kilómetros cuadrados, 20 veces el tamaño de Madrid, vetando a los vehículos más contaminantes la entrada a la ciudad -y a otros cuatro municipios circundantes- bajo la amenaza de multas de hasta 500 euros.
Los vehículos afectados son los autos de nafta matriculados antes de enero del 2000, los de motor diésel anteriores a enero de 2006, y camionetas hasta octubre de 1994, aunque estas últimas están incluidas en la moratoria de un año que contempla a las personas de bajos recursos que utilicen su vehículo para su actividad profesional.
La medida también incluye a motos y ciclomotores matriculados antes de enero de 2003.
Las restricciones de tráfico se aplican los días laborables, de 7 a 20, aunque no afecta las “vías rápidas” que rodean la ciudad.
La ZBE es una área protegida de más de 95 kilómetros cuadrados que comprende Barcelona y los municipios de L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.
A diferencia de “Madrid central”, que solo afecta el centro de la capital, en el caso de Barcelona la prohibición cubre toda el área metropolitana, donde los niveles de contaminación exceden frecuentemente los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
De hecho, un auto de nafta de más de 20 años emite 58 veces más dióxido de nitrógeno (NO2) que uno nuevo, y retirar de la circulación un vehículo diésel de más de 20 años equivale a retirar 35 vehículos modernos equivalentes, explicó el ayuntamiento liderado por la progresista Ada Colau.