Durante cuatro horas y media, la fiscalía de Delitos Económicos enumeró las pruebas contra los 30 acusados por la estafa con tarjetas de débito. Algunos de los defensores contraargumentaron. La jueza resolverá el viernes cómo sigue la investigación.
Abel Di Luca eludió la foto que todo funcionario o exfuncionario quiere evitar: sentado en el banquillo de los acusados, como se decía antiguamente. Un oportuno cuadro gastrointestinal le permitió obtener un certificado médico de reposo -firmado por un cirujano- hasta que termine esta etapa de la investigación de la estafa con planes sociales cometida, según la fiscalía, mientras fue subsecretario y Ministro de Desarrollo Social de Neuquén.
Sin embargo, no pudo evitar que la fiscalía de Delitos Económicos lo acuse de ser uno de los cinco cabecillas de una presunta «banda criminal que defraudó al Estado provincial» apoderándose del dinero destinado a subsidios para las personas más vulnerables.
Como otro de los cabecillas fue señalado el coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler. Él sí se presentó a la audiencia, y sigue trabajando en el organismo.
También integraría la cúpula de la asociación ilícita descripta por la fiscalía Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales. Y ahora sumaron al exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz, y a Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas, quienes antes figuraban sólo como partícipes. Los tres son los únicos con prisión preventiva.
Esta organización, montada en la estructura del Ministerio entre el 20 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 realizó 9.033 maniobras de extracción de fondos o cobro de cheques destinados a subsidios por desempleo, por un total de 153.367.900 pesos.
Para ello contaron con la complicidad de otros 25 funcionarios, exfuncionarios y empleados de Desarrollo Social que están acusados de ser partícipes de la asociación ilícita. A todos les atribuyen además los delitos de fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena.
Esa es la acusación de la fiscalía, que algunos de los 15 defensores rechazaron. La jueza de Garantías Estefanía Sauli resolverá este viernes, y su fallo marcará el rumbo de la investigación.
La megaaudiencia comenzó a las 9, con el faltazo de cuatro imputados y de un defensor. En un cuarto intermedio se retiró uno de los acusados porque -según su abogado- creyó que la audiencia había terminado. Dictaron una orden de captura en su contra.
Durante cuatro horas y media, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez describieron la maniobra, el rol que cumplió cada uno de las y los imputados y las pruebas que lo demuestran.
Como anticipó diario RÍO NEGRO, hicieron un relato cronológico desde el 2020 hasta el 2022, cuando el caso salió a la luz, y describieron la estructura piramidal que a su criterio tenía la asociación ilícita.
Los cinco cabecillas
Señalaron que el exministro era “el principal responsable para que la maniobra pudiera llevarse a cabo”, mientras que Siegenthaler “era otro de los jefes de esta organización criminal”.
Por su parte Soiza “coordinaba con Sánz y Osuna” y “recibía todo el dinero” que extraían de los cajeros o cobraban por ventanilla con cheques.
En el segundo nivel ubicaron al auditor contador Julio Arteaga (quien depende de Hacienda); el contador José María Gallo; Carolina Reznik (directora General de Finanzas), y Julieta Oviedo (directora de Tesorería). Las últimas dos “dependían de Siegenthaler y prestaban una colaboración indispensable”.
Los niveles inferiores
El tercer nivel lo integraban los reclutadores de potenciales beneficiarios de planes sociales. Según la fiscalía, son Isabel Montoya (pareja de Sánz, lloró gran parte de la audiencia); Gustavo Mercado (el que se fue antes); Cristian Vergara, Carolina Hernández, Pamela Rivera, Marcela Albornoz, y Roxana Tarifeño.
Más abajo estaban los extractores: eran quienes iban al banco con tarjetas de débito de los beneficiarios y les vaciaban las cuentas. En ese nivel figurarían Pamela Cea, Marcos Osuna, Rodolfo López, Ariel Krom, Lucía Soto, Manuel Victoria Contreras, Marines Huaiquipan, Néstor Sánz, su expareja Valeria Honorio; Aarón Escobar, Omar Rodríguez Quezada, Analía Scherer, Cristian Vergara, Paola Zeballos e Isabel Montoya.
Algunos nombres se repiten porque la fiscalía les atribuye más de una función dentro de la banda.
Por último están los que presuntamente se beneficiaron con la maniobra, como Valeria D’Angelo, Alfredo Cury y Guillermo Meza González.
«¿Y la ruta del dinero?»
Las defensas concentraron sus críticas en la figura de asociación ilícita elegida por la fiscalía.
Además pusieron de relieve que no hubo ninguna mención a la ruta del dinero. «¿Qué pasó con los 155 millones de pesos?», preguntó por ejemplo Gustavo Palmieri, quien asiste al matrimonio Sánz-Montoya.
Añadió: «hay testimonios de que con ese dinero se financiaba a punteros políticos. La sociedad merece conocer el destino de esa plata, pero la fiscalía perdió la oportunidad de responder a la pregunta. ¿Se usaba para subvencionar actividades políticas, sí o no?».
En términos similares se expresó el defensor público jefe Fernando Diez, abogado de Osuna. Incluso exhibió fotos de la vivienda del imputado: «no vive en un barrio exclusivo, cerrado. Tiene una casa de plan en el Z1″, expresó.
«No se le puede achacar a Osuna que haya tenido disposición sobre el dinero», agregó.
En la anterior formulación de cargos, en noviembre del 2022, la fiscalía reveló que Osuna tenía depósitos bancarios por 20 millones de pesos, muchos de ellos por supuestas apuestas ganadas en el casino. Esta vez no se habló del tema.
«Dame 10 millones de dólares y te firmo ya»
El alegato más colorido fue el de Alfredo Cury, quien ejerció su autodefensa. Hasta principios de este año, el abogado era defensor de casi todos los imputados, hasta que quedó del otro lado del expediente y ahora lo acusan a él.
De acuerdo con los fiscales Vignaroli y Narváez, era empleado del ministerio de Desarrollo Social y cobró diez cheques de planes sociales por 490.500 pesos.
«A mí dame 10 millones de dólares y te firmo, pero ¿por esa plata?», expresó irónicamente.
La campaña… de Figueroa
Luego trató de involucrar al gobernador electo Rolando Figueroa, quien declaró a la prensa que se había reunido con funcionarios del Poder Judicial.
«En ninguna parte de la ley de transición se autoriza al gobernador electo a reunirse con el Poder Judicial. Figueroa se reunió con el fiscal general José Gerez. Usted señora jueza tendría que disponer medidas, porque es funcionaria pública», aseguró.
También argumentó que «se dice que la maniobra fue entre 2020 y el 2022, y que el dinero se destinó a campañas políticas. ¿Qué campaña política hubo en ese período? La elección de diputados nacionales del 2021, en la que Figueroa fue candidato».
Luego incursionó en hipótesis sobre a quién pertenecía el dinero sustraído -si al gobierno nacional, al provincial o a los beneficiarios- e impugnó la presencia de la fiscalía de Estado como querellante porque «no se perjudicaron fondos del erario provincial».
Añadió que no conoce a ninguno de los imputados -salvo a Soiza, de quien se declaró abogado y amigo- y en definitiva se opuso a la formulación de cargos en su contra.
Qué debe resolver la jueza
En la audiencia de este viernes a las 9, la jueza Estefanía Sauli tiene varios puntos para resolver.
Por empezar, la calificación legal. Muchos de los defensores cuestionaron la figura de la asociación ilícita elegida por la fiscalía, y la magistrada debe decidir si la convalida o no. Ya lo hizo en la primera formulación de cargos, en noviembre del 2022, de modo que lo lógico sería que ratifique su criterio.
Otro punto a resolver es la condición de cabecillas de la asociación ilícita de Di Luca, Siegenthaler, Sánz y Osuna. Los defensores de cada uno (Gonzalo Rodríguez, Pablo Gutiérrez, Gustavo Palmieri y Fernando Diez respectivamente) se opusieron.
El único que prestó conformidad fue Esteban Sampayo, defensor de Ricardo Soiza, quien ya venía acusado de ese delito.
También hubo críticas al plazo de investigación. La fiscalía aseguró que en dos meses el caso estará cerrado y listo para elevar a juicio oral. Algunos defensores que asumieron hace poco (José Quintero Marco, Fabián Flores, entre otros) se opusieron y pidieron una prórroga.
Por último, la fiscalía todavía no expresó si solicitará medidas de coerción o embargos a los imputados. Eso quedará para la audiencia de este viernes, y seguramente también será objeto de controversias.