La ley que permite la producción, distribución y venta del cannabis, el autocultivo quedó habilitada automáticamente a los 10 días de su aprobación, aunque todavía hay aspectos que necesitan del reglamento que tiene que estar finalizado en 120 días.
Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que regula la producción y el comercio de la marihuana, ahora se enfrenta al reto de atar los cabos sueltos que quedaron en su tramitación, ponerla en marcha y demostrar que no fue sólo un “experimento”.
Julio Calzada es sociólogo y ha sido el responsable de analizar e informar al presidente de Uruguay, José Mujica, y sus ministros sobre las políticas públicas en materia de drogas en el mundo, desde la Junta Nacional de Drogas.
La ley impulsada por Mujica y aprobada el 10 de diciembre permite la producción, distribución y venta del cannabis, el autocultivo (con un máximo de 6 plantas por hogar), los clubes de consumidores (con un máximo de 45 miembros y de 99 plantas) y la compra de hasta 40 gramos al mes en farmacias autorizadas, tras inscribirse en un registro previo obligatorio, para mayores de 18 años y residentes en Uruguay, que no termina de convencer a los consumidores.
El reglamento de la ley, tiene que estar finalizado en 120 días y deberá especificar algunos aspectos de la ley como que para inscribirse el registro se solicita la residencia. “Es necesario tener la cédula de identidad uruguaya”, explica Calzada.
“Esto no es una liberalización del mercado, es una regulación”, dice Calzada, quien asegura que en estos 18 meses de trabajo “no estuvo encima de la mesa que Montevideo sea Ámsterdam”. La semana pasada fue a Argentina para dejar claro a los turistas que “no van a ir a Uruguay y se van a encontrar que les van a ofertar en el peaje camino a Rocha para consumir marihuana”. Las penas por tráfico y venta ilícita continúan en vigor.
En Uruguay el mercado ilegal de la marihuana mueve entre 30 y 40 millones de dólares y se calcula que la marihuana representa el 90% del conjunto de drogas que se consumen.
También está pendiente la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que se encargará de dar las concesiones para el cultivo; el modelo de producción y el tipo de semillas se cultivarán.
Las licencias se darán a “profesionales que sepan, que den confianza al Gobierno de que va a ser una producción en las condiciones que vamos a plantear”, dijo Calzada. Entre los requisitos: “no pueden tener antecedentes delictivos”. “Vamos a hacer un estudio claro de todas las empresas para evitar que eventualmente organizaciones que están en el tráfico ilícito de cannabis se puedan constituir como empresas”, culminó.
Para la producción hay varias propuestas pero “todavía hoy no tenemos una definición”, dijo Calzada, que espera esté “más claro” para mediados de febrero. Las opciones serían: cosechar permanentemente, con un sistema de invernaderos; establecer una cifra de 4 ó 5 cosechas al año; o una producción estacional, un cultivo que se inicia en noviembre y se recoge en abril.
Según los cálculos de la Junta, se necesitarían unas 20 hectáreas para satisfacer la demanda en el país.
El precio se ha estimado en un dólar el gramo “basándonos en información de la más diversa”, desde la policía a centros de tratamiento, señala el sociólogo, quien manifiesta la disposición a hacer un seguimiento del mercado ilegal y bajar los precios si fuera necesario “para evitar la fuga del mercado legal al negro”.
Calzada adelantó que “se le va a poner impuestos”, con los que se financiarán las campañas de salud y educación, sin que afecte al precio.