El presidente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explicó la denuncia disciplinaria presentada ante el Consejo de la Magistratura contra cinco jueces federales que ocupan cargos en órganos internos de la AFA. Cuestionó los privilegios del Poder Judicial, la falta de transparencia y las demoras que padecen quienes necesitan una respuesta de la Justicia.
Ezequiel Nino, presidente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), confirmó en la 99.9 la presentación de una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Magistratura contra cinco magistrados que, según la información publicada en el sitio web de la AFA, integran distintos órganos internos de la entidad. “Consideramos que es ilegítima e ilegal la labor que realizan esos jueces federales en la AFA”, sostuvo.
Los magistrados señalados son Sergio Fernández, camarista de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; Pablo Morán, juez federal de Formosa; Roberto Minguillón, integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín; Juan Pablo Rodríguez, de la Cámara Nacional en lo Civil y Roberto Minguillón. Según explicó Nino, los cinco cumplen funciones profesionales dentro de la estructura de la asociación, una actividad que consideró incompatible con sus cargos judiciales.
“Los jueces no pueden realizar labores profesionales que no sean algo académico. En este caso, cumplen labores profesionales y eso está prohibido por ley”, afirmó. Para el titular de ACIJ, la situación también expone un problema mucho más amplio vinculado con el funcionamiento y los controles sobre el Poder Judicial. “La Justicia está en pésimo estado. La Justicia nacional y federal tiene todos los privilegios, está dentro del 1% más rico del país, porque son personas que ganan por lo menos 15 millones de pesos por mes, no pagan Ganancias, tienen las mejores vacaciones del país, obra social y, cuando se jubilan, un 82% móvil”, enumeró.
Nino cuestionó que esos beneficios no estén acompañados por un nivel de responsabilidad y dedicación acorde con la función que desempeñan. “Por lo menos les pedimos que se tomen su cargo con responsabilidad, que trabajen más de seis horas y que no estén de licencias permanentes”, expresó. También apuntó contra la participación de magistrados en actividades externas que, según indicó, pueden fortalecer vínculos profesionales y académicos durante el horario que deberían dedicar a sus funciones judiciales.
“Quizás el problema principal de la República Argentina es que el Poder Judicial es el poder permanente. Es un poder que no rinde cuentas en elecciones, que prácticamente no rinde cuentas de transparencia y participación”, planteó. En ese sentido, comparó la situación de los jueces con la de los integrantes de los poderes políticos, que deben someterse periódicamente al voto ciudadano. “Los jueces tienen la última palabra y eso se ve muy claramente en una buena cantidad de temas, donde son quienes definen y pasan desapercibidos bajo el radar”, agregó.
El presidente de ACIJ consideró que la sociedad debe prestar mucha más atención a la actuación de los magistrados. “En la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia estamos convencidos de que hace falta poner muchísimo más el foco en este poder del Estado, que es el poder permanente y el poder con la última palabra. Como ciudadanía tenemos que exigir muchísimo más a los jueces”, sostuvo. Y recordó que las decisiones judiciales pueden modificar profundamente la vida de las personas, aunque quienes las toman muchas veces permanezcan alejados del conocimiento público.
Al referirse puntualmente a la denuncia contra los integrantes de la AFA, Nino cuestionó que los magistrados puedan continuar con esas actividades sin asumir las consecuencias de una conducta que considera incompatible con sus responsabilidades. “Tienen el famoso lema de Grondona, que todo pasa, con la esperanza de que se hable unos días de esto, después nos olvidemos y pasemos a otros temas”, señaló. En esa línea, advirtió: “Si no cambiamos nosotros la exigencia hacia estos que son nuestros empleados, porque les pagamos todos los meses un sueldo muy elevado y privilegiado, vamos a seguir sufriendo esta clase de injusticias”.
Sobre las medidas que podría adoptar el Consejo de la Magistratura, explicó que el organismo tiene facultades para imponer sanciones económicas de hasta el 30% del sueldo. Aclaró que, desde la perspectiva de la organización, la conducta denunciada no necesariamente constituye un hecho de mal desempeño que justifique la remoción de los cargos judiciales, aunque reconoció que esa evaluación podría ser discutida. “Lo más importante, más allá de ese descuento, sería que la sociedad sepa que esto está mal y que tiene que renunciar, y que no pueda haber en el futuro un hecho semejante por parte de quienes tienen el martillo de la Justicia”, afirmó.
Nino también se refirió al silencio de buena parte de las organizaciones profesionales frente a estos cuestionamientos y explicó que existe temor entre los abogados que litigan diariamente ante los tribunales. “Hicimos una encuesta entre abogados y da, por supuesto, que hay mucho temor, porque los jueces tienen mucho poder y los abogados litigan frente a ellos todos los días. Muy pocos se animan a denunciar a los jueces que actúan mal en sus expedientes”, indicó.
Desde su propia experiencia como abogado litigante, describió las dificultades que enfrentan quienes necesitan una respuesta judicial. “Es insufrible realmente. Hay juzgados donde se proveen las causas rápido y se presta atención a lo que se escribe, pero hay otros en el juzgado de al lado que pueden tardar dos o tres meses para proveer cualquier petición muy simple, sin sentarse a leer y concentrarse en lo que se plantea. Es desesperante”, manifestó.
Finalmente, enumeró situaciones en las que las demoras judiciales tienen consecuencias especialmente graves: jubilados que esperan entre diez y quince años por una sentencia y fallecen antes de obtenerla, personas con problemas de salud que necesitan una resolución urgente, detenidos que permanecen años privados de su libertad sin una condena firme y familias atravesadas por conflictos que mantienen a padres e hijos separados. “Cualquiera que haya pasado por esa instancia ve dentro de su círculo de conocidos gente que tuvo que pasar por la Justicia y lo sufre de una manera que es difícil de explicar”, concluyó.