Es por una deuda impositiva. Fue otro motivo para su partida de la Argentina
Cinco meses después que la minera brasileña Vale anunciara su retiro del proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza, se conoció ayer otro motivo, además de los problemas locales, por el cual la compañía tomó la decisión: la Corte Suprema de ese país le impuso un fallo negativo por el cual la deuda impositiva que la minera tiene que liquidarle al fisco es de u$s 14.000 millones. El monto incluso puede ser mayor, ya que el tribunal autorizó a las Cortes menores e intermedias estaduales a recalcular el monto de tributos regionales que se les deben a las gobernaciones, con lo que la deuda tributarias podría aumentar en algo más de u$s 2.000 millones.
La decisión judicial del tribunal brasileño, acerca de la constitucionalidad de las normas tributarias para filiales extranjeras, sólo resolvió estimaciones de impuestos nacionales de Vale entre 1996 y 2001. Ese período abarca mayormente una cuenta de impuestos de 1.500 millones de reales, más intereses y multas, correspondiente a 2007 por las ganancias de unidades extranjeras de Vale entre 1996 y 2002, según un reclamo que hizo la firma ante los reguladores de activos.
Con esto llega a su fin gran parte del juicio por más de una década que la minera tenía contra el estado brasileño por la demanda de mala liquidación de impuestos nacionales y regionales; una cuestión que mantenía a la minera contra la pared en sus posibilidades de lograr mayor nivel de créditos externos para invertir. De hecho, la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en su encuentro de hace 25 días con Cristina de Kirchner en Buenos Aires, le reconoció que el principal motivo que le comentó la CEO de la minera, Clovis Torres, sobre por qué habían decidido abandonar el proyecto mendocino fue la inminencia de este pasivo que le impondría la Corte brasileña. No se sabía en ese momento cuál sería el monto final, pero no se pronosticaban menos de los u$s 14.000 millones que impuso ahora la Corte.
Según la versión de fuentes brasileñas, con este aumento del pasivo de la compañía se habría hecho imposible lograr financiamiento externo para los más de u$s 10.000 millones que Vale necesitaba para continuar con el proyecto de Potasio en Mendoza. Los brasileños afirmaban que sus proyecciones de gastos en la Argentina originales de Potasio Río Colorado eran de u$s 6.000 millones, y que las necesidades de colocar deuda en el exterior serían de unos u$s 5.000 millones. Hasta ese dinero podrían haber continuado la obra; pero, siempre según la versión de la minera, los aumentos de los costos internos llevaron la cifra a tomar en dólares en el mercado financiero internacional a esos u$s 10.000 millones; lo que cruzado con el pasivo que le dictaría la Corte hacían imposible la operación. Vale igualmente se comprometió a financiar los pagos de los despidos de las empresas que habían sido contratadas, lo que le demandaría no menos de 400 millones de pesos. Este dinero ya estaría siendo habilitado para las compañías que habían sido involucradas por la minera (entre ellas Techint), y desde esta misma semana estarían liquidando las indemnizaciones.
El proyecto con epicentro en Mendoza contemplaba obras por u$s 6.000 millones originales en cinco provincias; los que luego habían crecido a un monto no menor a los u$s 12.000 millones. En total habían sido contratados unos 3.000 trabajadores, sólo de empresas proveedoras de bienes y servicios, las que habían firmado un acta de conciliación obligatoria que venció el 18 de abril pasado. La situación de Vale había sido vista con recelo por parte de otras empresas brasileñas que operan en el país y que están vinculadas con la obra pública. Para que no haya problemas en este frente, con Rousseff habían viajado a Buenos Aires directivos del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), que le ofrecieron al Gobierno argentino financiamiento para proyectos de infraestructura por unos u$s 1.500 millones, disponibles sin mayores requisitos; salvo una exigencia concreta: que la obra sea realizada por una empresa brasileña. Los beneficiados eran la constructora Oderbrecht; Camargo Correa y OAS. Puntualmente la oferta apunta al gran proyecto que el Gobierno tiene en la mira: la represa Cepernik en Santa Cruz, y que absorbería casi la totalidad de ese dinero. Para la Argentina, en un año donde las restricciones de financiamiento para obras públicas se ven limitados por los problemas de aprobaciones que tienen en el Banco Mundial, el dinero del BNDES es una bendición. Igualmente desde el Gobierno kirchnerista dejaron en claro que para la obra pública en el país deberán tener socios argentinos.