El abogado cuestionó el fallo de la magistrada de Lomas de Zamora y adelantó que pedirán su recusación por “prejuzgamiento y temor de parcialidad”. También se refirió al cierre de la causa contra la Fundación Chocobar y sostuvo que durante cinco años hubo una investigación que calificó como “una persecución absoluta”.
El abogado Fernando Soto celebró la revocación del fallo de la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, que había generado cuestionamientos y adelantó que desde Usina de Justicia impulsarán una nueva presentación contra la magistrada. Según explicó, el objetivo será recusarla en el trámite del hábeas corpus porque considera que ya adelantó su posición sobre la cuestión de fondo.
“Fue una alegría, era un desquicio”, afirmó Soto en diálogo con la 99.9, y sostuvo que la resolución había generado rechazo incluso entre magistrados que no necesariamente comparten posiciones consideradas de derecha. “Los jueces que no son precisamente de derecha, son garantistas muchos como ella, revocaron el fallo”, señaló.
El abogado explicó que la magistrada continuará interviniendo en el expediente pese a que fue revocada la suspensión que había dispuesto y que, por ese motivo, plantearán su recusación. “Ella ya dijo sentencia, dijo antes del final: la ley está mal, hay que suspenderla. No decretó la inconstitucionalidad, pero dijo que va contra la Constitución, así que no puede seguir en el hábeas corpus”, sostuvo. En ese sentido, fundamentó la presentación en “prejuzgamiento y temor de parcialidad”.
Soto también se mostró escéptico respecto de la posibilidad de que prospere un eventual juicio político contra la magistrada. Recordó que desde Usina de Justicia habían denunciado anteriormente al juez Víctor Violini por decisiones vinculadas con la liberación de detenidos durante la pandemia y cuestionó que aquella denuncia no avanzara. “Si usted me dice que es difícil, yo digo que es imposible. No creo que de ninguna manera la destituyan”, afirmó.
El segundo eje de la entrevista estuvo relacionado con la causa por la Fundación Chocobar, cuya investigación fue recientemente cerrada. Soto recordó que, luego de la condena al policía Luis Chocobar, distintas personas comenzaron a realizar donaciones con la intención de ayudarlo. Según explicó, Chocobar decidió impulsar una fundación para asistir a otros policías que atravesaran situaciones similares.
“Decidió hacer una fundación, no gastar la plata en él, sino para ayudar a otros policías que estaban en su condición”, relató Soto. Según su versión, la iniciativa generó una investigación que se extendió durante cinco años bajo la acusación de presunto lavado de dinero y estafa. El abogado cuestionó especialmente la magnitud de los recursos que fueron objeto de la pesquisa.
“¿Sabe cuánta plata era? Eso me parecía ridículo”, sostuvo. Soto afirmó que, al advertir que existía una investigación, decidieron no continuar recibiendo donaciones y que la suma involucrada era de 67.100 pesos. “No retiramos la plata, quedó marcada. ‘Yo la doné para que la use’, nos decían”, relató.
El abogado contó además que fueron convocados los donantes para determinar si habían sido víctimas de una eventual estafa. “Todos dijeron: ‘¿Usted fue estafado? No, yo no fui estafado. Yo doné a Chocobar para que creen una fundación y lo haré de vuelta’”, afirmó. De acuerdo con Soto, también intervinieron organismos especializados en la investigación de movimientos financieros y se revisaron las cuentas vinculadas al caso.
“Después de cinco años no hay ningún delito, acá no hay nada irregular. Y cerraron la causa”, remarcó. Para el abogado, la decisión permite retomar el proyecto que había quedado paralizado durante la investigación. “Nos frenaron cinco años, pero no pudieron parar. Vamos a seguir con la Fundación”, aseguró.
Soto cuestionó finalmente la duración de la investigación y el rol que tuvieron los distintos funcionarios judiciales durante esos años. Señaló que hubo cambios de jueces y que la fiscalía tuvo un papel central en la etapa investigativa, mientras que la magistrada que finalmente intervino terminó dictando el sobreseimiento. “Cinco años, mucho, nada, fue una persecución absoluta”, concluyó.