Costoso. En más de una década, el gasoducto insumió US$2.300 millones, más del doble de su presupuesto original. Sobreprecios y licitaciones amañadas.
El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste, obra concebida para importar gas boliviano cuando no existía la generosa oferta potencial de Vaca Muerta. La determinación que Javier Iguacel tomó como ministro de Energía deja en suspenso el destino de un tendido en el que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.
Se trata de una obra pública que el otrora Ministerio de Planificación decidió ejecutar en etapas, abriendo el juego a muchos oferentes, algunos de renombre, otros ignotos en el rubro y varios ahora complicados con la investigación sobre el dinero negro que empresas privadas pagaron a funcionarios en el marco de la obra pública. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana.
A pesar de los anticipos de dinero, el contratista no concluyó la tarea y en un concurso reciente, Ieasa (sucesora de la estatal Enarsa) relicitó ese fragmento a través de una compulsa que ganó la constructora de Techint. Pero la posibilidad de que Argentina sea superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido.
El primer desafío oficial es darle un uso a los 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, so pena de que se transformen en un monumento al despilfarro de fondos públicos. El renunciado titular de Enarsa, Hugo Balboa, había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobra en verano. Según Ieasa, hoy una porción del tendido se está utilizando para llevar gas por redes a una docena de localidades santafesinas y algo similar ocurriría con otras del Chaco. Principio del flujo inverso del gas: del sur al norte.
La decisión descarta de hecho a Bolivia como proveedora a futuro de los 26 millones de metros cúbicos diarios comprometidos en un contrato que vence en el 2026 y que algunos especialistas reivindican como “el más barato” de los importados. También representa rescatar sólo parcialmente la enorme infraestructura esparcida por el Nordeste a través de contratos dados de baja, aún sin la conclusión de las obras.
El GNEA fue licitado por tramos a partir del 2007 y debía estar terminado en el 2009. Pero las sucesivas modificaciones y controversias con los oferentes de cada tramo extendieron los plazos y multiplicaron con creces su presupuesto inicial.
A poco de asumir Mauricio Macri, Enarsa pidió una auditoría general de la obra a la Sigen, concluida en abril del 2017. Este trabajo identificó algunos pecados de origen como la falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Como añadido: “falta de sustento económico financiero”, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos.
Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala en abril del 2017, los contratos en ejecución sumaban US$ .217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance: “la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”.
Ese esfuerzo fiscal fue una causa de desaliento que se sumó a la idea de que el gas no convencional de Neuquén alcanzará para alimentar el circuito desde el sur.
El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Pero sufrió una metamorfosis constante, con cambios realizados con procedimientos que no siempre honraron las formalidades exigidas por ley.
Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Peor aún: no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.
Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para eso. De remate: hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que éstos habían recibido anticipos.
Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por el EPC1 en Salta, que ahora abortó.
El holding de Rocca tuvo un lugar particular en el GNEA. En el 2004 le arrimó a Néstor Kirchner la idea de ejecutar el tendido bajo el sistema de iniciativa privada con un presupuesto cercano a los US$1.200 millones. La primera oposición fue la de Repsol, que vio en esta propuesta una competencia a Loma de la Lata. Finalmente Julio De Vido decidió realizarla como obra pública convencional, a través de Enarsa, y reclamándole al grupo que le cediera la ingeniería base: lo consiguió sin problemas.
La Sindicatura también identificó faltas graves en todo el sistema de control y sostuvo que “la máxima autoridad superior es la responsable” por ello. No dio nombres ni mencionó delitos, pero sugirió cómo identificar a los unos y caracterizar a los otros. El otro desafío pendiente del Gobierno es realizar los informes que pidieron los síndicos y, eventualmente, denunciar a la Justicia las irregularidades, a riesgo de apañarlas.