Fabián Fernández Garello está acusado de participar del secuestro y torturas de tres militantes comunistas durante la última dictadura cívico-militar.
En las últimas horas, el Juzgado Federal N 2 de San Martín elevó a juicio la causa en la que están imputados siete ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por delitos de lesa humanidad ocurridos en 1981. Entre los acusados se encuentra el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
La titular del Juzgado, Alicia Vence, rechazó una serie de nulidades presentada por la defensa y declaró cerrada la etapa de instrucción. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio oral y público. De esta manera, Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota y Jorge Apa serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.
Por su parte, la defensa había planteado -entre otras cosas- el pedido de sobreseimiento por entender que los delitos imputados no se trataban de crímenes de lesa humanidad y que, por ende, ya estarían prescriptos. Sin embargo, la jueza se limitó a remarcar que la cuestión ya había sido discutida y la calificación confirmada por la Cámara.
Para Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.
Según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA, la planificación del secuestro se originó durante una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa. Allí se creó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.
A partir de ese momento, las víctimas fueron secuestradas en sus domicilios por parte de los grupos de tareas y trasladadas a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que en ese entonces funcionaba como centro clandestino de detención. En 2016, la Comisión Provincial por la Memoria presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban la participación de Fernández Garello en este hecho y en al menos otros 17 actos de inteligencia entre 1978 y 1982.
“El legajo DIPPBA 18.024 ‘Detención de Jorge Oscar Bulacios en Villa Lynch San Martín integrante del P.C.A. y secuestro de material bibliográfico’, describe entre otra cosa, los interrogatorios que personal de la DIPPBA realizó a las víctimas de autos a requerimiento de las autoridades militares a los fines de recabar información acerca de integrantes del Partido Comunista”, cita la resolución del Juzgado Federal N 2 de San Martín como prueba incontrastable del accionar represivo.
Por otro lado, desde el año pasado se encuentra pendiente un pedido de juicio político contra el actual fiscal general de Mar del Plata. Dos de las audiencias pautadas para ello fracasaron por falta de quórum, y el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires no volvió a reunirse para decidir sobre el asunto.
Desde la CPM aseguran que durante “estos años, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también intervino a favor del fiscal de Mar del Plata para garantizarle impunidad” dado que “en 2018 decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario” que había sido impulsado por el organismo de Derechos Humanos.
Luego de la resolución del Juzgado Federal N2 de San Martín, la CPM afirmó en un comunicado que “a esta altura procesal ya no hay más margen para la protección política del fiscal, su permanencia en el cargo es una grave afrenta a la democracia”.