Finalmente, luego de varios llamamientos de clemencia de familiares y entidades humanitarias, los siete jóvenes acusados de robo fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento.
El caso tuvo repercusiones a nivel mundial y había sido criticado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denunciaron la falta de garantías procesales de los jóvenes durante el juicio. Pero las autoridades de Arabia Saudi siguieron adelante con el objetivo de hacer cumplir la pena de muerte a los siete jóvenes que habían sido acusados de robo cuando varios de ellos todavía eran menores de edad.
Sin embargo, decidieron dejar sin efecto la crucifixión de quien habría sido el cabecilla del grupo, Sarhan al Mashayekh, “para no empeorar su imagen internacional“, según declaraciones del opositor Ali al Ahmed.
Hace una semana, las autoridades les habían dicho a las familias de los ejecutados que iban a revisar la sentencia. Pero éstas se sintieron frustradas y engañadas cuando vieron levantar los siete montículos de arena en la plaza del mercado de Abha, la capital de la provincia de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí, de donde eran originarios los siete jóvenes. “He estado tratando de hablar con ellos toda la noche, pero la han pasado rezando”, relató Al Ahmed. “Finalmente, Saeed al Shahrani me llamó momentos antes de que le quitaran el teléfono para agradecerme lo que hemos hecho. Le pedí que me perdonara por no haber podido hacer más”, agregó.
Al Ahmed, director del Institute for Gulf Affairs en Washington, fue quien sacó a la luz el caso de estos jóvenes, que provocó una gran movilización internacional. El hecho de que la ejecución coincidiera inicialmente con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a Riad, hizo que el príncipe Miteb, hijo del rey Abdalá, diera a entender a las familias de los condenados que iba a revisarse la sentencia.
Semanas antes de producirse la ejecución, Amnistía Internacional y otros activistas de Derechos Humanos habían revelado varias irregularidades cometidas durante el juicio que apenas duró tres horas y en el que los acusados no contaron con un abogado defensor. Los jóvenes denunciaron también que habían sido torturados para que confesaran el delito, una serie de robos a joyerías de Abha cometidos en 2005, meses antes de su detención, cuando varios de ellos aún eran menores de edad.
