El fiscal Germán Vera Tapia explicó los motivos del allanamiento realizado en la Clínica Mar del Plata a partir de distintas denuncias por falta de atención a afiliados de PAMI y confirmó que una de las personas que debían controlar había fallecido dos días antes. Además, advirtió que la situación de IOMA y PAMI está generando una fuerte presión sobre el sistema público de salud. También se refirió a la investigación por el siniestro de un colectivo y sostuvo que las primeras pericias apuntan a una falla mecánica del vehículo.
El fiscal Germán Vera Tapia brindó detalles en la 99.9 sobre el procedimiento realizado en la Clínica Mar del Plata y explicó que se trató efectivamente de un allanamiento solicitado ante la jueza de garantías, a partir de una serie de denuncias vinculadas con la falta de atención a afiliados de PAMI. “Allanamiento fue porque lo pedimos a la jueza de garantías, que estaba de turno, nos lo otorgó enseguida”, explicó, y agregó que incluso se comunicó telefónicamente con la magistrada para explicarle personalmente la situación debido a la preocupación que había generado la sucesión de casos.
Según relató, la fiscalía había comenzado a recibir distintas causas relacionadas con personas de la tercera edad que no estaban recibiendo atención adecuada en el establecimiento. “Estábamos recibiendo todos los días una causa distinta alrededor de la clínica, llegamos a tres, creo que son cuatro, de falta de atención de afiliados de PAMI, gente de la tercera edad”, señaló. Vera Tapia aclaró que de las primeras tres denuncias, solamente una tenía inicialmente características penales porque estaba vinculada a una denuncia por mala praxis, mientras que las otras dos correspondían a situaciones de falta de atención que, en principio, debían canalizarse por la vía administrativa ante organismos como PAMI o el Ministerio de Salud.
Sin embargo, la fiscalía decidió intervenir porque existía una preocupación concreta respecto de la posibilidad de que la falta de atención pudiera derivar en nuevas consecuencias graves. “Estábamos viendo que había mucha posibilidad de que alguna persona más fallezca por cuestión de falta de atención”, afirmó. Por ese motivo, se decidió unificar las causas y solicitar el procedimiento para verificar las historias clínicas y, al mismo tiempo, establecer cuál era el estado de salud de las personas involucradas.
Vera Tapia explicó que durante el operativo participaron médicos de la Policía y personal del Ministerio Público para poder constatar directamente la situación de los pacientes. Pero al ingresar se encontraron con una situación todavía más delicada: “Una de las dos personas que fuimos a visitar ya había fallecido dos días antes”. A partir de ese dato, la investigación cambió su eje y la causa pasó a contemplar la averiguación de las causales de muerte. Respecto de la otra persona, indicó que había sido trasladada a un centro de mayor complejidad debido a que había sufrido un diagnóstico presuntivo de ACV y la clínica no contaba con tomógrafo para realizar los estudios necesarios.
El fiscal sostuvo que, más allá de las dificultades observadas, durante el procedimiento pudieron comprobar que había profesionales trabajando en el establecimiento. “Médicos encontramos tanto arriba, en el segundo piso, donde están los internados, como abajo, donde estaban las personas de guardia”, detalló. Al mismo tiempo, reconoció que se percibía una situación de escasez en la atención y explicó que existía un conflicto salarial que había generado cierta retención de tareas. “La clínica estaba funcionando, pero había algo bastante fulero: poca gente, gente quejándose”, describió.
En ese sentido, Vera Tapia aclaró que la fiscalía continuará investigando las condiciones concretas de atención dentro del establecimiento. “Una señora en particular nos dijo que a la noche no queda nadie. Eso lo vamos a seguir investigando”, afirmó. También remarcó que el problema excede a una clínica particular y que existe una preocupación creciente por el funcionamiento general de las obras sociales que concentran una enorme cantidad de afiliados en Mar del Plata. “Sí que está complicado el sistema de salud, tanto de PAMI como de IOMA”, sostuvo, recordando además que anteriormente había intervenido en una causa vinculada con la falta de cobertura de IOMA.
Para el fiscal, el escenario comienza a adquirir dimensiones de salud pública porque la crisis de las obras sociales está trasladando cada vez más pacientes hacia los hospitales públicos. “Tenemos noticias de que está colapsando el hospital público, porque está recibiendo todas las personas tanto de IOMA como de PAMI. Está al borde del colapso, no sé si colapsó ya, pero está al borde del colapso”, advirtió. Y consideró que esto “ya es un tema de salud pública, más que una causa particular por una mala práctica”.
Durante la entrevista, Vera Tapia también se refirió a la investigación por el siniestro protagonizado por un colectivo del transporte público de Mar del Plata, en el que se investiga una posible falla mecánica que habría impedido al conductor controlar adecuadamente la unidad. El fiscal aclaró que la pericia que había trascendido públicamente no correspondía al informe oficial de la fiscalía, sino a una pericia de parte realizada a pedido de las víctimas. “La pericia que se habla en los medios es la pericia de parte, que no va a ser muy distinta a la oficial”, explicó.
Según detalló, los distintos especialistas convocados por la fiscalía coinciden hasta el momento en una hipótesis central: “Todos coincidieron en la rotura de un extremo de dirección y algunas fallas generales graves del colectivo”. El informe oficial todavía no había sido incorporado formalmente porque faltaba la firma de uno de los peritos de la Asesoría Pericial de Mar del Plata, un ingeniero mecánico cuya intervención consideró especialmente relevante. Una vez incorporado ese documento, la fiscalía avanzará con la pericia accidentológica, que permitirá reconstruir con mayor precisión la mecánica del hecho.
Vera Tapia explicó que inicialmente había una persona imputada por una posible mala conducción, pero que desde el comienzo existían elementos que podían relativizar esa hipótesis. “Yo tengo imputada una persona por mala conducción, que el tipo penal me indica eso, una imprudencia en la conducción de vehículo”, señaló. Sin embargo, recordó que cuando la unidad fue levantada para ser trasladada, los investigadores observaron que “ya tenía un extremo colgando”, por lo que surgió la posibilidad de que el conductor no hubiera podido doblar debido a una falla mecánica que escapaba a su responsabilidad.
Además, indicó que la investigación no encontró hasta el momento elementos que indiquen una conducta imprudente del chofer. “Habíamos certificado testimonialmente que no venía hablando por teléfono, no venía a una velocidad excesiva”, explicó. La velocidad registrada, según detalló, habría sido de aproximadamente 31 kilómetros por hora, mientras que el límite reglamentario era de 40. “Entonces no estábamos viendo mucho una infracción del conductor, sino más bien un problema mecánico”, sostuvo.
El fiscal también puso la lupa sobre el proceso de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la unidad. Según la información que recibió la fiscalía, el colectivo habría sido rechazado inicialmente y, apenas 40 o 50 minutos después, habría regresado para obtener la aprobación. “La pasó, hay una información de que había sido rechazada la VTV, a los cuarenta, cincuenta minutos volvió el original y la aprobó. No sabemos bien por qué”, explicó. Por ese motivo, se solicitó un informe para determinar qué ocurrió durante ese lapso y si existió algún elemento que deba ser investigado.
“No llama la atención” que una unidad pueda regresar rápidamente a una segunda inspección si la observación corresponde, por ejemplo, a un desperfecto menor que puede solucionarse en el momento, explicó Vera Tapia. “Puede ser que tenga un foco mal, lo cambia rápido y vuelva y la pase”, ejemplificó. Sin embargo, dejó en claro que la fiscalía buscará determinar qué sucedió específicamente con ese colectivo y si existió algún tipo de responsabilidad vinculada con los controles que debían garantizar que la unidad estuviera en condiciones de circular.
De esta manera, la investigación mantiene abiertas distintas líneas de análisis, con el foco puesto en determinar si la falla mecánica fue la causa determinante del siniestro y, eventualmente, si existieron responsabilidades adicionales de la empresa o de quienes tenían a su cargo el control técnico del vehículo.