Tras una denuncia del senador Mario Cimadevilla (UCR), el fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar si su jefa hizo nombramientos en violación de la ley.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada y enfrentará una causa en la Justicia por la presunta designación irregular de fiscales subrogantes o ad hoc, que no fueron nombrados por concurso ni obtuvieron el acuerdo del Senado.
Quien presentó el “requerimiento de instrucción“, documento imprescindible para dar inicio a la causa, fue el Fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien pidió investigar a su jefa por “la presunta comisión de un delito de acción pública“.
En su presentación, Marijuán se limitó a reproducir los puntos centrales de la denuncia del Senador Radical Mario Cimadevilla, promotor de esta causa, y pidió las primeras medidas de prueba, dirigidas todas a reunir documentación. Solicitó que se obtuvieran los expedientes administrativos de las designaciones y también copias certificadas de los “legajos personales” de los nombrados que no fueran “magistrados del Ministerio Público“. Pidió, asimismo, copia de “la totalidad de presentaciones efectuadas por la Proselac y la Procunar”.
La Proselac es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, una fiscalía especializada en lavado de dinero que creó Gils Carbó y dirige Carlos Gonella, un Secretario que está concursando y a quien la Procuradora nombró “Fiscal General Subrogante“.
Procunar es la Procuraduría de Narcocriminalidad y su responsable es el fiscal Félix Crous. Crous y Gonella son miembros activos de Justicia Legítima, una agrupación encabezada por Gils Carbó que es muy crítica del funcionamiento de los Tribunales y denuncia que son “las corporaciones” y no el Gobierno quienes ejercen las presiones más peligrosas sobre la Justicia.
En total, Cimadevilla denunció a Gils Carbó por el nombramiento de 11 fiscales subrogantes y 18 ad hoc. También, por haber puesto en marcha, con su sola firma, unidades de investigación que -de acuerdo con la denuncia- debieron haber sido creadas por ley. Varios de los designados en las nuevas procuradurías especiales son miembros de organizaciones de la sociedad civil ligadas a la Justicia y jóvenes cercanos a La Cámpora; según Cimadevilla, “incondicionales” de Gils Carbó.
Ayer, Gils Carbó no hizo declaraciones sobre el tema. Fue informada de la presentación de Marijuán cuando estaba en Río Cuarto, en un encuentro de Justicia Legítima.
En su entorno sostuvieron que la denuncia no tenía el menor sustento. Dijeron que ya había fiscales ad hoc cuando el procurador era Esteban Righi; que hubo varios planteos judiciales contra ellos y que todos fueron desestimados.
En apoyo de Gils Carbó se pronunció ayer Justicia Legítima, que declaró: “Las malintencionadas denuncias por el nombramiento de funcionarios ad hoc en el Ministerio Público desconocen el fundamento legal por el cual fueron realizados (artículo 11, ley 24.946) y omiten que su desempeño fue amplio e históricamente reconocido por tribunales de todas las instancias y de todo el país”.
El artículo 11, que cita, prevé la posibilidad de recurrir a abogados para sustituir a fiscales cuando éstos no puedan reemplazarse entre sí. Pero ese artículo dice además que el abogado que vaya a intervenir deberá sortearse de un listado que se realizará cada año, que la designación es una “carga pública” y que no podrá cobrar “retribución alguna”.
La Procuración informó que también apoyó las designaciones la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados. Este grupo, que es oposición en la Asociación, sostuvo la “legitimidad” de los nombramientos y destacó el de Gonella en la Procelac.
Esta procuraduría fue defendida además por varias ONG. Entre ellas, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Estos ataques buscan debilitar a Procelac frente a su intervención en las investigaciones más importantes por operaciones de lavado de dinero, materia en la que la extinta Ufilavadin no logro obtener ningún resultado decoroso”, sostuvieron. La Ufilavadin era una unidad fiscal que encabezaba el fiscal de Cámara Raúl Pleé, que está en las antípodas de Gils Carbó. Fue cerrada y reemplazada por la Procelac, que está interviniendo, entre otros casos, en el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez. En esa causa, Gonella trabajará ahora con Marijuán, que es también el fiscal de ese expediente.