Sucedió en Río Gallegos, donde una delegación de gente de la UOCRA se movilizaba con destino a la Casa de Gobierno de la provincia. Se encontraron armas, estupefacientes y un bombo con la inscripción de “La Cámpora”.
La UOCRA, gremio de la construcción, fue protagonista de una tensa jornada en Río Gallegos. Se movilizaron durante tres semanas hacia la Casa de Gobierno tratando de reflejar una fractura con el gobernado Daniel Peralta. Atrás ha quedado el acompañamiento a los actos oficiales, donde el mandatario provincial era escoltado por este mismo gremio que protagonizó más de tres sucesos de violencia en los últimos dos años.
Desde distintos lugares de la provincia se movilizaron en más de 60 vehículos trasladando a los integrantes del Sindicato de la Construcción. La policía de la Provincia interceptó la caravana en el destacamento de Güer Aike, junto con la Unidad Especial de Investigaciones y la División Narcotráfico. Este mega operativo duró más de una hora y fueron requisadas unas 500 personas.
El ministro de Gobierno, Daniel Slooper, que controla las fuerzas de seguridad, no indicó el número de personas detenidas pasibles de investigación; extraoficialmente, se habla de unos ocho sindicalistas. Lo que sí fue confirmado fue el secuestro de armas (Magnum 357 y Bereta 40), además de estupefacientes y bidones de combustible.
Las fotografías que horas más tarde circularon, mostraron también un bombo con la inscripción de la agrupación que conduce Máximo Kirhner, La Cámpora. Las fuentes policiales referenciaron que fue extraído del baúl de un Corsa gris. El Gobierno provincial omitió hacer alusión alguna sobre la presencia de dicho elemento.
Esas 500 personas, que se movilizaban con destino a Río Gallegos, tenían como objetivo comenzar una jornada de protesta afuera de la Casa de Gobierno. Primero ingresaron a la Cámara de Diputados donde amenazaron a legisladores que discutían una ley vetada por Peralta, a través de la cual los diputados kirchneristas buscaban impedir que el Gobierno provincial utilice fondos que estaban destinados a obras provenientes de Nación, para otros fines. Lo que sucedió es que los legisladores opositores al Gobernador no obtuvieron todos los votos que necesitaban y el proyecto se archivó.
Los integrantes de la UOCRA amenazaron a algunos legisladores que no aprobaron la medida que les garantizaría el avance de la obra pública. Los manifestantes decidieron entonces acampar frente a la casa de Gobierno provincial. Con el correr de las semanas, el reclamo se agudizó, ante el estancamiento de la obra pública por falta de recursos financieros. Actualmente la UOCRA tiene 700 personas en la bolsa de trabajo y exigen que se reactive la situación laboral.
Los fondos que este año iban a estar destinados a la construcción de diversas obras tienen un 90% de financiamiento por parte de la Nación. La confrontación de Peralta con el Gobierno de Cristina Fernández incluye un reclamo de la Gobernación santacruceña de 670 millones de pesos en fondos no enviados y comprometidos para viviendas y otras obras.