Dos de los tres jueces que absolvieron a los 13 imputados por el secuestro y la trata de “Marita” Verón, deberán afrontar el jury de enjuiciamiento. Serán Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena.
Los oficialistas que integran la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán decidieron acusar a dos de los jueces que decidieron absolver a los 13 imputados por el secuestro y la trata de María de los Ángeles “Marita” Verón.
Quienes enfrentarán el jury de enjuiciamiento son Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena, acusados de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
El que ha quedado fuera del proceso de destitución es Emilio Herrera Molina, luego de que la Justicia obligara al gobernador José Alperovich a rever su decisión de no aceptarle la renuncia para jubilarse.
El presidente de la comisión acusadora, Sisto Terán, indicó que “los magistrados no tomaron los recaudos necesarios para proteger a las testigos que habían sido víctimas de la trata de personas”. Terán, quien fuera vicegobernador de Tucumán al momento de la desaparición de “Marita” Verón, agregó: “estamos convencidos de que habrá un antes y un después de este proceso en relación a cómo deben ser tratadas las víctimas de explotación sexual cuando ofician de testigos o como víctimas. Queda claro que los camaristas ahora acusados no tomaron las previsiones para preservar la intimidad de los testigos, e incluso mencionaron sus nombres en la sentencia”. Por otro lado, negó que se trate de una conspiración del Gobierno en contra de los jueces, pese a que Alperovich había señalado que haría todo lo que Trimarco pidiera.
El ex vicegobernador actual Julio Miranda, calificó de insólito el tiempo que ha demorado la elevación a juicio oral y sugirió que hubo irregularidades, como la pérdida de varios cuerpos del expediente. Relató también que existe un mail anónimo que denuncia un acuerdo sellado en la casa del abogado Sergio Morfil, quien defendió a los hermanos Víctor y María Jesús Rivero, la ex pareja de Rubén “La Chancha” Alé.
La acusación contra los jueces está basada en el supuesto maltrato del Tribunal hacia las víctimas de trata que declararon durante las propias audiencias. Los abogados que defienden a Piedrabuena, Arnaldo Ahumada y José Toledo, sin embargo, negaron que los jueces hayan maltratado a las víctimas y puntualizaron que “la actuación de la Comisión de Juicio Político está plagada de ilegalidades, arbitrariedades y desaciertos”. El único opositor que integra la comisión, Ricardo Bussi, votó a favor de archivar la denuncia presentada por Susana Trimarco.
La acusación fue girada ayer al jury de enjuiciamiento, órgano que integran Daniel Posse (ex funcionario de Alperovich y actual miembro de la Corte Suprema), cinco miembros de la Legislatura (los oficialistas Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandro Cejas; y el opositor Alberto Colombres Garmendia); uno más del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano de Daniel Posse) y un representante de los abogados, Sebastián Herrera Prieto.
Por su parte, los jueces Piedrabuena y Romero Lascano plantearon la inconstitucionalidad de la integración del jury de enjuiciamiento, algo que está aún en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. También recusaron a Daniel Posse por su amistad con el gobernador Alperovich.