La máxima instancia judicial reconoce que los cascos azules holandeses debían haber refugiado en su base a los 350 hombres musulmanes, aunque de haberlo hecho, su salvación no estaba garantizada.
Lo que tiene claro el Tribunal Supremo de Holanda es que el Estado holandés no tiene ninguna culpa de los eventos que se sucedieron antes y que llevaron al genocidio de Srebrenica, que tuvo lugar entre el 11 y el 22 de julio de 1995. De lo que sí se puede responsabilizar a La Haya, de forma limitada, es de lo ocurrido en la base controlada por los cascos azules holandeses, conocida como Dutchbat.
El hecho de que los holandeses hubieran decidido evacuar a los miles de musulmanes bosnios que habían huido a la base holandesa situada en Potocari, incluidos los 350 varones musulmanes -especialmente amenazados por las fuerzas serbobosnias- hace que el Estado sea responsable en un 10% de las muertes de esos hombres. Según ha dictaminado la Corte, el Gobierno debe compensar en ese porcentaje a los parientes de las víctimas.
Los soldados holandeses se organizaron para guiar a los más de 5000 musulmanes que habían recurrido a ellos, hacia los autobuses de evacuación. Los serbios seleccionaron a los hombres que estaban entre los refugiados, bajo la excusa de que debían investigar si habían cometido crímenes. Sin embargo, el criminal de guerra serbio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por la masacre de Srebrenica, ordenó su ejecución.
El Tribunal Supremo consideró que las fuerzas holandeses eran conscientes de que esto podía ocurrir y debían haber dado la opción a los varones a quedarse ocultos en su base en Potocari. Esto no hubiera evitado que murieran, según la Corte, porque “probablemente” las fuerzas de Mladic los hubieran localizado y arrestado dentro del complejo. Pero, obligando a su evacuación, los privaron de la oportunidad “pequeña pero no despreciable” de mantenerse con vida.
Esta sentencia pone fin a años de batalla judicial entre las conocidas como Madres de Srebrenica y el Estado holandés. En 2014, un tribunal local de La Haya dictaminó que el Estado era “parcialmente responsable en un 30%” de la muerte de esos 350 hombres, aunque las denunciantes habían responsabilizado en parte a Holanda de todo el genocidio. Una Corte de Apelación confirmó en 2017 esa sentencia.
Ambas partes consideraban injusta la sentencia: ellas no la veían suficiente, y el Estado le parecía excesiva. Tanto las denunciantes como el Estado decidieron recurrir a la última estancia judicial, el Tribunal Supremo, para que decidiera. La sentencia ya no se puede recurrir, al menos en Holanda. Las madres están ahora dispuestas a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, reiteran, estaban bajo los cuidados de la ONU.
Las víctimas consideran que los cascos blancos no hicieron lo suficiente para detener a los serbios de Bosnia y proteger así a los residentes de Srebrenica, donde ocurrió el mayor acto de genocidio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El Supremo no está de acuerdo con que Holanda tenga culpa de esto porque sus soldados -que no contaban con armamento suficiente- no hubieran podido evitar la caída del enclave.