Universidad Nacional de Mar de Plata | Punto final para las acciones sumariales contra una abogada que representaba a la Universidad local. Parece que el Secretario de Legal y Técnica había decidido hacerle la vida imposible en el trabajo. Un juez federal dictaminó que las acciones de las que se la acusa ya habrían prescripto. ¿Incluso aquí hay conventillo institucional?
Alguien podría creer que los abusos de autoridad y la persecución laboral no podrían darse en el ámbito de las más altas casas de estudios, como son las universidades nacionales, pero las cosas no son tan así. En todas partes se cuecen habas.
Una reciente resolución del rectorado de la Universidad Nacional de Mar de Plata pone fin al sumario administrativo que se había iniciado en abril de 2018 a la abogada María Fernanda Bergel. Se determina la prescripción, y con esa medida se deja sin efecto la responsabilidad disciplinaria, pero a la vez se difiere la responsabilidad patrimonial a un momento de determinación posterior.
Indican los vericuetos de este expediente dormido que la letrada, una empleada de planta permanente con categoría 2, había sido acusada de inactividad procesal en dos causas en las cuales le había tocado representar legalmente a la casa deestudios. Algo así como que no había notificado de los avances de tales procesos de la manera que el secretario consideraría más oportuno.
Pero ahora, por fin, el rector Lazzeretti determina el fin del sumario, no por gusto sino porque no tiene más remedio. Lo habían intimado más de una vez a hacerlo, porque la justicia federal ya había analizado las fechas de cada uno de los pasos de todo este proceso, y le había dicho que debía dar por finalizadas las acciones porque se le había terminado el tiempo.
Más precisamente, se trata del Juzgado Federal 2 de esta ciudad, que con la firma del magistrado Santiago José Martín estableció que Bergel debía ser por fin escuchada: se había presentado con el patrocinio de Silvana Santé, y había solicitado un amparo por mora, es decir reclamando el excesivo tiempo que había pasado sin que la situación de su sumario administrativo hubiera avanzado, plazo que había superado por mucho los términos legales.
En efecto, la universidad había iniciado el expediente por investigación sumarial el 5 de octubre de 2017, y recién el 6 de abril del 2018, el rector dictó el acto administrativo que daba inicio al sumario propiamente dicho. Luego de esto se decidió el agente que actuaría como sumariante, que intervino recién en septiembre. A partir de allí, el expediente fue a dar a la Universidad de la Plata que lo devolvió a esta ciudad en octubre de 2018: la abogada había recusado a la totalidad de los miembros del Servicio Jurídico permanente de la Universidad local. Como se ve, mucho lío. Mucho capricho personal. Mucha gente que en vez de trabajar, se pelea.
Silencio total
A partir de ese momento, no hubo nuevas actuaciones administrativas en el marco de esta investigación, razón por la cual, la abogada presentó una solicitud de pronto despacho en febrero pasado. Como a partir de ese momento pasaron ya por mucho los treinta días de rigor que permite la ley, las acciones se consideran prescriptas porque la institución se encuentra en mora.
La historia completa dice que María Fernanda Bergel trabaja en la Universidad de Mar de Plata desde 1994 de manera ininterrumpida, y desde 2006 ejerce el cargo de Directora de Asuntos Judiciales. Pero la cuestión cambia a partir del año 2015, momento a partir del cual ejerce el cargo de Subsecretario Legal y Técnico de la misma institución otro abogado, Fernando Román González.
Según indican las fuentes, González comenzó desde entonces a hostigar a Bergel, y lo mismo hizo hasta octubre de 2018, a través de toda clase de conductas persecutorias. Las conductas de hostigamiento iban desde el pedido de informes, el abuso de autoridad, y el enfrentamiento permanente con cada una de las acciones que tenían que ver con el trabajo de quien se desempeñaba como apoderada de la Universidad. Literalmente, la quería afuera.
Pero las cosas empeoraron en 2017, exactamente después de que Bergel colaborara con las actividades previas al cambio de la autoridades de la casa de estudios, ya que —cuando se ponía en juego la elección de un nuevo rector— la abogada sentía afinidad por uno de los candidatos, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Diego Rodríguez, y en su campaña decidió colaborar.
Pero resulta que su candidato perdió esas elecciones, y entonces el hostigamiento recrudeció. Ya entonces, la persecución apuntaba a que Bergel no siguiera trabajando en el área en la que se desempeñaba. El plan era ambicioso: habían decidió dejarla afuera de la universidad, dejarla sin trabajo, y de ser posible dañarla económicamente. Por eso, se dio inicio a un sumario administrativo que apuntaba a ciertas causas judiciales en las que la letrada había representado a la UNMdP durante 2012 y 2014, con la idea de encontrar de alguna forma una responsabilidad patrimonial.
La cuestión duró casi dos años, durante los cuales hasta se convocó a un sumariante ad hoc de la Universidad de la Plata, toda vez que la letrada se había ocupado de cuestionar la objetividad de criterio de lo locales. De cualquier manera, no quedaba claro en absoluto cuál era el sentido de las acciones administrativas que Fernando Román González impulsaba.
Más silencio
Lo que se dice es que todo esto proceso incluía cuestiones por todos conocidas, y fundamentalmente muy conocidas por el ex rector Francisco Morea, pero no obstante la cuestión del expediente se dilataba en el tiempo: Fernando González se ocupaba de demorarlo en cada una de sus etapas.
A tal punto fue evidente la manipulación de toda la instancia administrativa por parte de quien —gracias a su puesto de poder— tenía todas las de ganar para obstruir el derecho de la empleada, que Bergel termina yendo a la justicia a solicitar un amparo que la librara de la persecución laboral y personal de la que estaba siendo objeto.
Pero nada de esto fue gratis, todo tiene un costo que pasa hasta por la salud de los trabajadores y profesionales que son objeto de operaciones similares. Durante los dos años que duró todo este proceso, Bergel debió recurrir en primera lugar a una carpeta médica y luego a una licencia de larga duración para seguir un tratamiento psicológico: el abuso de autoridad estaba destrozando su estabilidad emocional.
Por supuesto que tuvo que cambiar de trabajo por indicación de las autoridades, cuando había representado a la universidad como abogada en todas las acciones judiciales en las que le había tocado participar. Más tarde consiguió ser desplazada a la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, al menos hasta que durara la investigación sumarial de la que estaba siendo objeto.
En vista de todo lo sucedido, la abogada tuvo que recurrir a la justicia, y el 12 de julio —después de numerosas intimaciones— el rector por fin dictó el acto administrativo que ponía fin al largo proceso que le tocó atravesar sin razón. Puso fin al sumario administrativo, atendiendo a la prescripción que se había planteado. Pero inmediatamente, la abogada denunció a través del protocolo de género de la universidad a Fernando González,por persecución y violencia de género que se ejerció a través de acciones de carácter psicológico, con abuso de autoridad, en función del rol que cumple el hoy acusado. Porque aun aquí, se cuecen habas.