Imputan por primera vez en Colombia a cinco personas por un delito de deforestación de la Amazonía

La Fiscalía colombiana ha empleado por primera vez la figura del delito de deforestación para realizar
una imputación concretamente contra cinco personas por la destrucción de cientos de hectáreas en
la región amazónica.

La Policía considera a estas cinco personas como miembros del Cartel de la Deforestación y estaba
liderado por Marco Aurelio Quiroga Tovar, quien habría arrasado con 83 hectáreas de bosque en
Bellavista, en el Parque Nacional Natural de la Serranía Los Picachos, entre San Vicente del Caguán
(Caquetá) y La Uribe (Meta), informa RTVC.

Según la investigación, ocho de las hectáreas afectadas fueron deforestadas durante los primeros
días de 2022, acabando con la vegetación en esta área de especial protección para ampliar la
frontera agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado.

Además del cargo de deforestación, la Fiscalía ha imputado al procesado los delitos de ilícito
aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e
incendio.

Los otros procesados son Lisandro Suárez Atehortúa, quien habría acabado con 235 hectáreas de
bosque en un terreno conocido como Nápoles, localizado en el Parque Nacional Natural Tinigua, en
inmediaciones de La Macarena y La Uribe (Meta) y Audelo Granado Tovar, presunto responsable de la
destrucción de 61 hectáreas para la cría de ganado, en el predio El Recreo, en el PNN Tinigua.

También Duivier Rodríguez Hernández ha sido señalado de deforestar 59 hectáreas en el predio El
Paraíso, en la Serranía Los Picachos. Para el segundo ciclo de vacunación de 2021, este hombre
informó de que tenía 268 cabezas de ganado en ese lugar y William Parada Gutiérrez, supuesto
responsable de la deforestación de 52 hectáreas de bosque en el predio La Cabaña, ubicado en
Tinigua.

Los jueces de control de garantías accedieron a imponer distintas medidas de protección en favor de
los áreas afectadas como la prohibición a los procesados para ingresar a los Parques Nacionales
Naturales en los que deforestaron, orden de retirar el ganado en tres meses y cancelación de los
Registros Sanitarios Pecuarios.