A partir de la denuncia de un sobreviviente y familiares de las víctimas de la dictadura, se investigará la influencia del INTA y empresarios rurales sobre la decisión de destruir las líneas de trabajo que no estaban de acuerdo con sus intereses. Entre los investigados, figura Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima.
Una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente de la dictadura y familiares de desaparecidos llevó a revisar parte de la historia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Allí, antes del Golpe de 1976, había unos 5.000 trabajadores. Al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos.
Los denunciantes solicitaron que se analice la situación “como un todo”, y revisando especialmente las responsabilidades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que desde el Consejo Directivo Nacional del organismo tuvo un rol determinante en la “depuración”.
En 1976, la dirección del INTA fue intervenida por la Marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus puestos. Esa intervención se encargó de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En esta causa, por primera vez se pondrá en consideración el papel de la SRA y los editoriales del diario La Nación en la desaparición de personas, investigando una serie de hechos que ponen de manifiesto la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de transferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustriales más concentrados.
El abogado Rodolfo Yanzón recogió en un único escrito lo que se tramitó durante varios años en causas separadas. Su presentación fue acompañada por un “amicus curiae”, interpuesto por las autoridades actuales del Instituto, por lo que se ponen a disposición de la investigación.
El escrito le pide al juez Rafecas que evalúe responsabilidades por la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “cadena de mandos”. Entre otros, figuran los nombres de dos interventores del INTA que ya fallecieron: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias. También se nombra al ministerio de Economía de Martínez de Hoz y la secretaría de Agricultura dependiente del Instituto. Por allí pasaron, por ejemplo, Mario Cadenas Madariaga, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario desde abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría, impulsado por Martínez de Hoz.
Hasta el momento, el padre de la princesa Máxima no había sido alcanzado por las imputaciones. Pero las víctimas le piden ahora a la Justicia que relea y evalúe su rol tomando en cuenta lo que sucedió.
También se promueven otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y civiles ubicados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”. El escrito indica, luego, que: “de allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la Dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejarles a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes. Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo (que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían) se impulsaban”.