Los investigadores sospechan que las ganancias de un negociado realizado a través de bonos fueron giradas a un banco que se encuentra en Curazao. Los ex funcionarios Axel Kicillof y Alejandro Vanoli quedaron en la mira.
A medida que avanzan las causas de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno anterior y a sus principales líderes, los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, comienzan a conocerse operatorias que no dejan de asombrar a la Justicia.
Ahora los investigadores posaron su lupa sobre una maniobra a partir de la cual se puede trazar una ruta que termina en la paradisíaca isla Curazao, ubicada en el Caribe y que salpica al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
La punta del ovillo está en SGI, la financiera conocida como “La Rosadita” que tomó notoriedad a partir de las denuncias de Leonardo Fariña y Federico Elaskar. SGI fue adquirida por Helvetic Services Group. Uno de sus accionistas, Néstor Marcelo Ramos, se encuentra prófugo de la Justicia tras haber sido citado por Sebastián Casanello en la causa de la ruta del dinero K. Los investigadores sospechan que reside en Suiza, muy lejos de los tribunales de Comodoro Py.
Según surge del registro comercial, la sociedad Helvetic Services Group posee como representante legal en la Argentina a Javier Martín Vanella -sobrino de Néstor Ramos-, quien es a su vez director de Steeleaf Trading International Limited, una empresa que registró en diciembre de 2016 saldos en el Banco del Orinoco de Curazao por casi 15 millones de dólares. Casi la mitad del saldo provenía de la venta de bonos emitidos por el gobierno de Venezuela a través de una operatoria realizada por Mercantil Valores Agente de Valores S.A, cuyo director es Diego Marynberg.
El “prontuario” de ambas firmas siembra sospechas. A mediados de 2016, el Banco Central de Uruguay revocó la licencia para operar a Mercantil Valores Agente de Valores S.A. a causa de los laxos controles que llevaban a cabo en materia de prevención de lavado de activos. Y Steelaf Trading, inscripta en el Reino Unido, no habría registrado actividad comercial hasta comienzos de 2013, momento en que inició presuntas actividades de construcción en Venezuela.
La Justicia busca determinar si la firma Steeleaf Trading (de Javier Vanella) podría haber sido constituida con el único fin de poder canalizar fondos millonarios a las cuentas del Banco del Orinoco a través de la simulación de operaciones comerciales inexistentes, instrumentadas con la venta de títulos públicos de Argentina y Venezuela.
Quedaron en la mira por su rol en la operatoria el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Kicillof es amigo personal de Marynberg, director de Mercantil Valores y socio mayoritario de Latam Securities LLC, sociedad que compró –durante la gestión Kicillof- bonos que poseía el Banco Central de Argentina presidido por Vanoli. Esa transacción se habría realizado con información privilegiada filtrada por las autoridades.
Este presunto negociado con bonos no fue una excepción. Al menos así se desprende de la confesión del ex funcionario Claudio Uberti, quien en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno ventiló una transacción entre Néstor Kirchner y Venezuela que habría deparado ganancias ilícitas cercanas a los 50 millones de dólares.
¿Cómo funcionaba esto? Venezuela compraba bonos argentinos a una tasa cercana al 16% en dólares, muy por encima de lo que prestaba el mercado en dicho momento. Como consecuencia, Argentina pagó sumas exorbitantes enmascaradas a través de un financiamiento lícito. En definitiva, la operatoria no era todo lo solidaria que se pensaba. Venezuela no se quedaba con los bonos, sino que los liquidaba en el mercado internacional días después de haberlos adquirido. Seguidamente, con los dólares billete que conseguían Chávez y sus amigos, los vendían en el mercado paralelo venezolano, donde gracias a las restricciones cambiarias el precio que se abonaba resultaba exorbitantemente mayor, algo que luego el gobierno argentino imitó a la perfección con el cepo y el dólar “blue”. Como consecuencia, los ex presidentes se dividieron las ganancias por el sobreprecio usufructuado, estimadas en 50 millones de dólares.
Uberti contó que Chávez envió por vía aérea a la Argentina una suma cercana a los 25 millones de dólares. No se descarta ahora que a través de la intermediación de “La Rosadita” se haya girado el dinero hacia otros destinos tales como Curazao, Uruguay o Suiza, escondido a través de la compra de títulos públicos.