Al Estudio Durrieu, que lleva la defensa principal, se le suma el PAGBAM, un gran bufete que acumula apellidos vinculados al poder.
“¡Contrataste abogados de la mafia!”, le espetaron con furia los directivos del JP Morgan a la entonces esposa de Hernán Arbizu en los Estados Unidos, ni bien se descubrió la estafa del ex banquero con transferencias no autorizadas entre cuentas de UBS y la entidad estadounidense.
La queja estaba justificada por la contratación del estudio de Argibay Molina, hoy defensor del arrepentido y que, en su momento, saltó a la fama por patrocinar al empresario postal Alfredo Yabrán, autor intelectual del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas y hombre clave de los negocios de la década de los ’90.
Para oponer fuego contra fuego, el JP Morgan no se quedó atrás, ya que apeló, para ejercer su defensa ante las denuncias del arrepentido ex banquero Arbizu, al Estudio Durrieu. Roberto Durrieu, líder del bufete, fue subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla y, extrañamente, fue elegido como abogado por el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg en la causa en que se investigó el asesinato de su hijo Axel en un hecho de inseguridad.
Durrieu trabajó además como fiscal en la provincia en 1976, cuando Ramón Camps era jefe de la Bonaerense. Muchos años después, en 1987, apareció entre los firmantes de una solicitada en solidaridad con el propio Videla, luego de que éste fuera condenado por violaciones a los Derechos Humanos. Años después, Durrieu representaría a Domingo Cavallo en la causa IBM-Banco Nación.
Pero pareciera que el JP Morgan no estaría plenamente conforme con Durrieu. Una manera de comprobarlo serían los avances en sus tratativas para contratar otros estudios en busca de una mejor asesoría. En ese camino, realizaron consultas con el bufete que encabeza el legislador radical Ricardo Gil Lavedra. Ante una consulta de Tiempo Argentino, Gil Lavedra señaló que “hemos sido contactados por ellos (el JP Morgan) y nos hicieron una consulta, pero no intervenimos en el caso ni los representamos”.
Gil Lavedra fue miembro del Tribunal que en 1985 juzgó la responsabilidad de las Juntas Militares en el exterminio planificado por la última dictadura cívico-militar, y entre los años 1999 y 2000 se desempeñó como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Las consultas con el estudio de Ricardo Gil Lavedra, que ya era defensor del juez Monti (procesado por operar como cliente de la cueva de dinero que dirigía el banco BNP Paribas) y de la cámara de empresas cementeras en la causa por cartelización, no son, sin embargo, excluyentes. El líder radical que comparte fuerza política con otro ex JP Morgan, Alfonso Prat-Gay, es buscado por el banco de capital estadounidense, el que ya tiene contratado a un equipo de abogados que incluye al propio Durrieu y a otro bufete muy vinculado a los jerarcas de la dictadura y al capital extranjero especulativo: el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites y Martínez de Hoz, hijo (PAGBAM). La firma es reconocida por haber defendido a las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el tribunal internacional del CIADI y por un hecho más grave: Benites y Pérez Alati fueron eje de una investigación de la Inspección General de Justicia por haber actuado como testaferros argentinos, a través de la firma Aero2000, de LAN Airlines, para que la empresa, en ese entonces chilena, cumpliera las leyes locales respecto a la conformación de capital.