La Diputada se refirió en esos términos a la decisión de Beatriz de Anchorena, flamante presidenta de la Agencia de Acceso a la Información Pública que decidió prorrogar los plazos administrativos de entrega de información.
La resolución tomada por Beatriz de Anchorena de prórrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos para que la Agencia de Acceso a la Información Pública ha generado que desde la oposición se hagan presentaciones específicas.
La Diputada Karina Banfi ha sido la primera en afirmar a través de la 99.9 que se trata de un derecho que no se puede vulnerar: “el acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los países tienen un marco regulatorio que permite ordenar la información pública cada vez que el ciudadano la requiere. Muchas veces el funcionario no sabe que entregar, tiene miedo que lo despidan y este marco delimita que no puede entregarse y que otra información si”.
En ese contexto es que aparece la Agencia y la legisladora fue crítica con el nombramiento de Anchorena al frente de la misma: “Beatriz de Anchorena ha sido dispuesta a través de una audiencia pública y fue designada en el órgano garante que tiene la Ley de Acceso a la Información y Restricción de Datos Personales. Lo que hacen es facilitarnos a nosotros la información para no ir a la justicia. Si vamos a la Agencia de Acceso a la Información Pública, nos quejamos si nos niegan una información, hacen una valoración técnica de si está bien o no y le reclama al Estado, obligándolo a responder. Es vinculante para el Estado porque sino se sanciona a los funcionarios”.
Para Banfi es evidente que no conoce como funcionan los derechos humanos porque sino no se hubiera tomado una resolución de ese tipo: “Anchorena lamentablemente fue designada porque no cuenta con los criterios y las capacidades de ideoneidad que solicita la ley para ocupar ese cargo. No sabe, no estudió sobre el derecho a la información pública y los datos personales, sabe de cosas que no tienen nada que ver en como debería operar el ejercicio del derecho humano”. Como muestra, hace falta un botón simplemente: “ni bien ingresó, puso la primera traba: suspendió todos los plazos de entrega. Según la ley tenes 15 días para que el gobierno te responda, si reclamas, la Agencia pide 15 días más y si no la entrega, llegan las sanciones para los funcionarios. Eso fue lo que se suspendió y no sabemos ahora cuando se entregarán, es ni mas ni menos que violentar la ley”.
Sus fundamentos están vinculados a un trabajo de la Auditoría General de la Nación pero hay cuestiones que no pueden ser aceptadas y por eso seguirán reclamando respuestas: “dice en los fundamentos de la resolución, que hay una auditoría de la AGN, pero nunca se pueden suspender los plazos del ejercicio de un derecho humano. La hemos intimado por Carta Documento y si no cumple accionaremos judicialmente por Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”.