Analizó las partidas usadas por el tribunal en 2011 y criticó la “baja eficiencia”.
Inconsistencias contables, irregularidades en la ejecución de obras y, sobre todo, baja eficiencia en el uso del abultado presupuesto que maneja la Corte Suprema. Esas son las principales conclusiones que se desprenden del informe que difundió este jueves la Auditoría General de la Nación (AGN), que analizó la utilización de los fondos realizados por el tribunal en el año 2011.
“No estamos en condiciones de opinar sobre la ejecución presupuestaria por la inexistencia de un adecuado control interno sobre la recaudación para asegurar la integridad de la misma”, señala el documento. A lo largo del informe -que sólo analizó cuestiones administrativas-, la AGN expuso los distintos excedentes del presupuesto que fueron depositados en plazos fijos cuyos fondos -sostienen- no cuentan con documentación respaldatoria.
El número que atesoraba la Corte como excedente acumulado superaba los $ 4000 millones en 2011 y llega en la actualidad a $ 12.700 millones depositados en el Banco Nación y Banco Ciudad, según fuentes oficiales. “No se trata necesariamente de un delito, sino de una falta grave en la asignación de recursos del Estado”, coincidieron dirigentes que analizaron el expediente.
LA NACION intentó comunicarse con los voceros del tribunal, pero no respondieron la consulta de este diario.
La Corte, que administra los fondos de todo el Poder Judicial, recibe buena parte de su presupuesto por la ley de autarquía del Poder Judicial, que le otorga un 3,5% de los recursos coparticipables que recauda la Nación. En 2011, ese ingreso llegó a $ 750 millones, que representó la mitad de sus ingresos.
Justamente el presupuesto de 2011 generó controversias por aquellos años entre el gobierno kirchnerista y el tribunal. La Corte acusó al Ejecutivo de reducir sus fondos en $ 778 millones, lo que impedía “la proyección y realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de Estado” en materia judicial. Desde el Gobierno replicaron, en cambio, que se trataba de un 18% más del presupuesto que la Corte había ejecutado el año anterior.
La auditoría de la AGN fue severa, además, respecto de la falta de la documentación relativa a las obras que emprende la Justicia a instancias de la Corte. “No siempre se especifica el avance físico actual y acumulado. Tampoco existe una certificación donde se pueda constatar que los pagos son los correspondientes a dicho avance”, señala el informe. La AGN, además, aclaró que esto sucede en el organismo desde 2006.
Elisa Carrió adelantó ayer que añadirá este informe a su pedido de juicio político contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. “El informe sobre la administración de la Corte es lapidario”, lanzó la diputada en un comunicado. “La AGN revela que existen cuentas corrientes para gastos de funcionamiento de distintas áreas que no se exponen”, agregó la diputada.
Carrió hizo hincapié, además, en los fondos de la obra social de los judiciales. “La Corte dispuso que se transfieran los remanentes de la obra social a un hombre de máxima confianza de Lorenzetti en lugar de haber utilizado esos recursos para invertir en prestaciones para sus afiliados”, sostuvo.
La pelea entre Lorenzetti y Carrió se intensificó en abril, cuando el presidente de la Corte intimó a la diputada para que dejara de acusarlo públicamente.
Sin embargo, la líder de Cambiemos dobló la apuesta y presentó un pedido de juicio político contra el magistrado en el Congreso, que no contó con el aval de la mayoría del oficialismo. La diputada ya lo había denunciado por enriquecimiento ilícito.