Una investigación sobre los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) indica que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo no ha presentado datos esenciales, lo que debería costarle el retiro de la personería jurídica, pero por cuestiones políticas, no ha sucedido.
El periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon reveló que Inspección General de Justicia (IGJ) está en condiciones técnicas desde hace varios años de retirar la personería jurídica a la Asociación y a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero no lo hace por razones netamente políticas. La conclusión surge del acceso a los registros internos del organismo sobre ambas entidades y los parámetros que prevé la ley orgánica de la IGJ.
Si hubiera tomado la decisión que debía, este organismo determinaría inmediatamente la muerte jurídica de las dos grandes columnas en las que se apoya la entidad de Hebe de Bonafini, que hoy se encuentra envuelta en un escándalo de proporciones mayúsculas por defraudación millonaria con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Obviamente, sin su personería jurídica, Madres no podrían operar con cuentas bancarias, ser titulares de inmuebles ni recibir subsidios y, por el contrario, las entidades deberían liquidarse y disolverse, designándose liquidadores responsables sin vínculo previo con esas organizaciones.
Vamos al detalle. La asociación tiene un expediente abierto en la IGJ con el número 1663654 y se encuentra activo desde hace casi 13 años. Sin embargo es muy pequeño y sólo incluye el acta de constitución, presentada en marzo de 1999. Desde ese momento, en el legajo sólo se han registrado un par de movimientos, incluido un oficio que remitió la Justicia. Es decir que desde 1999, la entidad incumplió con toda la normativa vigente y los plazos previstos por la IGJ. Nunca presentó los balances, tampoco acompañó la declaración jurada para el reempadronamiento, no cumplió la normativa antilavado, ni comunicó los cambios de nombres en su comisión directiva.
Como si fuera poco, nunca informó con 15 días de anticipación la celebración de asambleas, como dispone la normativa. Todo esto puede llevar a la IGJ a pedir ante el Ministerio de Justicia que se le retire su autorización para funcionar, “como pasa con cualquier entidad que no haya celebrado una asamblea ordinaria durante dos o más períodos”, precisó una fuente del organismo.
Los documentos pendientes son muchos e incluso, en su página oficial de Internet, la IGJ informa que esa entidad de Madres “no tiene trámites” presentados. La entidad presenta una notable confusión informativa con su otro pilar, la Fundación, que dirigió Sergio Schoklender durante muchos años.
Como contrapartida, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora tiene todo presentado de manera prolija en el número de registro 353014. Sin embargo, la Fundación sí presentó algunos documentos aunque fuera de los plazos establecidos e incluso algunos después de que estallara el escándalo en mayo de 2011. Por ejemplo, presentó su balance correspondiente a 2008 en agosto de 2009, y de 2009 en mayo de 2010. En esos tiempos, donde incumplía con los plazos y requerimientos, la entidad se presentó ante la IGJ para pedirle que le retirara la personería a la Sociedad Rural argentina, por algunas de las mismas razones por las que el organismo debería retirársela.
Entre esos incumplimientos la Fundación jamás cumplió las resoluciones vigentes de la IGJ para la prevención y lucha del lavado de activos. No informó el origen y licitud de los fondos de las donaciones que recibieron en carácter de personas expuestas políticamente de los miembros de su Consejo de Administración e incumplieron con la obligación anual de presentar una declaración jurada donde se detalle el estado de cumplimiento de la normativa antilavado. Por el contrario, presentó, ya con el plazo vencido, su declaración jurada que impuso el organismo para el reempadronamiento de las entidades, fueran comerciales o sin fines de lucro.
Todos los datos quedaron acumulados en el escritorio del número uno de la IGJ, Norberto Berner, desde el 29 de octubre del 2012. De esta manera, la Fundación comunicó los nombres de su nueva comisión directiva y cambio de sede en agosto de 2011.
Berner responde políticamente a La Cámpora y también mantiene bajo su control directo desde octubre pasado las dos informaciones sumarias que abrió el organismo en junio y julio de 2011, poco después de que estallara el escándalo. Ambas informaciones sumarias fueron iniciadas bajo el mando de su antecesor, Marcelo Mamberti.
Los dos sumarios empezaron a moverse más lento cuando Aníbal Fernández, padrino de Mamberti, perdió la pulseada por el control político de la Fundación a manos del ministro de Planificación, Julio De Vido, y su equipo, y del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, quien colocó al frente del fideicomiso a su ex secretario privado, Aybar Roberto Domínguez.
La Fundación no ha presentado aún los balances correspondientes a 2010 y 2011, los más sensibles e investigados penalmente por el juez Norberto Oyarbide.