A través de funcionarios del Ministerio de Ecomonía, integrantes de La Cámpora pidieron de manera irregular los balances de las 1.000 empresas más importantes del país.
Por fuera de los canales previstos por la normativa vigente, miembros de La Cámpora que ocupan cargos clave en el Ministerio de Economía solicitaron a Inspección General de Justicia (IGJ) información sensible sobre las 1.000 empresas más importantes del país. Estos datos surgen de los documentos que obtuvo La Nación y que luego fueron verificados con fuentes del organismo al tanto de la operatoria.
Esa información pedida durante los últimos nueve meses, incluye los balances de compañías como Jumbo, General Motors, Shell, Coto, Walmart, Falabella, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Massalin, Siemens, Peugeot, Fiat, Mercedes-Benz y La Caja de Seguros, entre otras. Con estos datos, se extrae información para cruzarla con sus propias bases de datos y mejorar el margen de acción a la hora de negociar con los responsables de esas empresas para que tomen ciertas medidas reclamadas por el Gobierno o suspendan otras, como aumentos de precios o tarifas.
El Ministerio de Economía se encuentra habilitado para obtener esa información pero sólo con fines taxativamente previstos por la ley. Este tipo de operaciones requiere un pedido formal y además dejar constancia de su solicitud en cada expediente requerido. Salteando las vías formales, el Ministerio de Economía optó por recurrir al contacto directo con las nuevas autoridades de la IGJ que responden a La Cámpora. Las constancias que obtuvo La Nación indican que el responsable de solicitar esas 100 carpetas es Augusto Costa, colaborador de extrema confianza del viceministro Kicilliof.
En su cargo de subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad del Ministerio de Economía, Costo avanzó con paso firme dentro de la IGJ, manteniendo reuniones para ajustar algunos detalles. Incluso sonó como potencial reemplazante de Guillermo Moreno si la presidenta Cristina Fernández decidía reemplazarlo y oxigenar sus relaciones con el empresariado.
Costa también desarrolla desde hace meses un análisis sectorial similar al que emprende Moreno para autorizar los aumentos de precios. En este caso es el encargado de delinear las políticas sectoriales y, de acuerdo con el relato de empresarios que se reunieron con él, les reclama que aumenten los ratios de inversión. Los reclamos, según entendían los ejecutivos de empresas consultados, se basaban sin embargo en cálculos y estimaciones propias del Ministerio de Economía. Pero, en rigor, también se apoyan en los datos reservados de los balances y otros documentos que las propias compañías entregaron a la IGJ durante los últimos años.
Los balances fueron entregados de manera informal y coordinados a principio de marzo de este año, cuando Costa y Varela acordaron que el Ministerio de Economía enviaría a su propia gente a escanear y fotocopiar los balances de las empresas. En ese entonces, el titular de la IGJ era Marcelo Lamberti, pero después de caído y con Berner al frente del organismo, Varela dejó su puesto como subinspector general aunque continuó la entrega informal de datos reservados de las compañías.
Entre las compañías analizadas, también aparecen Unilever, Novartis, American Airlines, Provincia Seguros, NEC, AySA, Endesa, Camuzzi, Chrysler, Johnson & Johnson, América TV -de los Grupos Vila y Manzano, y De Narváez- y hasta Oil MS&S, la petrolera del empresario patagónico Cristóbal López, según consta en el listado. Ese listado es revelador, no sólo porque incluye además a Skanska, Ericsson, Novartis, el Grupo Ihlsa, Bimbo, Fargo, 3M, Química Montpellier, BMW, Merck, Sharp y Dohme, Deheza SA, Allianz y Edenor, sino porque también alcanzó a Aerolíneas Argentinas, bajo el control estatal.