Cada año, algún Estado brasileño se enfrenta a una crisis de seguridad. Para las autoridades, la reducción de la violencia no depende solo de la policía y de decisiones políticas, sino también de indicadores socioeconómicos. Según los especialistas, esas justificaciones ya no tienen sentido.
Los principales indicadores que miden las desigualdades sociales y el crecimiento económico mejoraron en los últimos cinco años, pero la tasa de homicidios no bajó y se mantiene en 24,5 por cada cien mil habitantes. En México el promedio es de 23,7; en Venezuela, de 45,1; y en Honduras, de 91,6. En Estados Unidos, la proporción es de 5 por cada 100 mil personas, mientras que en la mayor parte de los países europeos no llega al 3.
Los Estados más violentos de Brasil están situados en el Nordeste. Alagoas, con un índice de 64,47 asesinatos por 100 mil habitantes, y Ceará con 40,6, son los dos más inseguros. Les siguen Pará (37,9), en el Norte del país, y Estados del Nordeste como Paraíba (43,1) y Bahia (38,5). Río de Janeiro es el decimoquinto más violento y São Paulo ocupa el puesto 25 entre los 27 estados que tiene Brasil.
En el plano económico, el desempleo cayó del 9,3% al 5,5%. Pero, los índices de homicidios y de violaciones registraron alzas. En Brasil se cometen cinco homicidios por hora. Los casos de violaciones llegaron a una proporción de 26 por cada 100 mil habitantes. “Hubo una serie de mejoras sociales, pero la seguridad continúa sin avances. Lo que los gobiernos hacen es administrar penicilina a un enfermo que está sufriendo con una súper bacteria”, afirma el sociólogo Renato Sergio de Lima, de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.
“El tráfico se consolidó y hay una nueva dinámica de las muertes. Hay más armas de fuego en circulación y más conflictos entre traficantes y de estos con los usuarios. Todo eso influye en la dinámica de los crímenes”, señala Luis Flávio Sapori, coordinador del Centro de Investigaciones en Seguridad Pública de la Universidad Católica Pontifícia (PUC) de Minas Gerais.
El profesor Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Administración Institucional de Conflictos, sostiene que “las prisiones se constituyen en lugares de reunión de grupos criminales que planean acciones de dentro de ellas y se preparan para practicar nuevos crímenes cuando salgan. Mientras eso sucede, la policía hace un trabajo inútil intentando prender a los pequeños traficantes en las calles”.
Una investigación reciente del Ministerio Público de São Paulo advierte que 175 criminales estaban en contacto con presos para llevar a cabo delitos como tráfico de armas y drogas, robos y homicidios. El año pasado, seis de las 27 unidades de la Federación gastaron menos en seguridad pública que el año anterior. “En el área de seguridad pública, se gasta poco. La policía investiga de cualquier manera y las políticas correctas no tienen continuidad”, agrega Azevedo.
Según Sapori, eso ocurrió en los dos Estados más populosos del país: São Paulo y Minas Gerais. En el inicio de la década pasada, consiguieron reducir sensiblemente sus tasas de asesinatos. En los últimos dos años, sin embargo, aumentaron y ambos habían reducido sus gastos en el sector. “Proyectos que estaban dando resultados correctos acaban sin contenido, muchas veces por falta de profesionalidad. Eso sucedió, por ejemplo, con el departamento minero de la policía que investiga homicidios, que perdió a profesionales y parte de su estructura”, dijo Sapori.
Para contrarrestar la situación, los especialistas sugieren una revisión de las leyes penales y mayor integración entre la policías civil y militar .