La estrategia de Obama de trasladar la gestión de los ataques de drones al Pentágono choca con reticencias internas, diferencias operativas y la división del Congreso.
En mayo de 2013, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abogó por redefinir la estrategia antiterrorista surgida tras los atentados del 11-S. Una de las iniciativas más importantes que explicó fue la de pasar el control del programa de ataques con aviones no tripulados de la CIA al Pentágono, con el fin de que haya una mayor transparencia en las incursiones con drones y así desmilitarizar a la CIA.
Sin embargo, nueve meses después, el centro de operaciones de drones que la CIA tiene en Langley tiene aún la mayoría de los ataques a su cargo. Hay varios motivos por los cuales no se ha podido lograr la transición que pretendía la Administración Obama, entre ellos, la división en el seno del Congreso, la reticencia en determinados sectores de la propia agencia y, sobre todo, las diferencias operativas, legales e incluso culturales entre los programas operados por la CIA y los del Pentágono.
Aunque los objetivos son los mismos, la forma de determinar, desarrollar y ejecutar las operaciones con aviones no tripulados de ambas instituciones son muy diferentes, al igual que el manto legal bajo el que operan.
Los vuelos de la CIA están considerados como “acciones encubiertas”, que se definen como “aquellas actividades cuya función no debe ser conocida públicamente y que no incluye operaciones militares tradicionales”. Como tales, el Gobierno no tiene obligación legal de informar sobre ellas, a diferencia de las que dirige el Pentágono, que, bajo la calificación de “operaciones de las fuerzas armadas”, son públicas y están sujetas a la legislación internacional de guerra, lo que implica que únicamente pueden llevarse a cabo con el consentimiento y conocimiento de los países donde se realicen y en los límites de los lugares declarados como zonas de guerra.
La reserva que rodea al programa de la agencia favorece que determinados Estados, como Pakistán o Arabia Saudí, autoricen el establecimiento de bases de la CIA en su territorio, ya que no tienen que dar explicaciones a sus ciudadanos de una presencia que, teóricamente, no existe, frente a la incomodidad de tener que reconocer el despliegue de un Ejército foráneo.
Más allá de la desmilitarización de la CIA o de la transparencia de los programas, el cambio de estrategia que plantea Obama pretende sentar unos precedentes para cuando, en un futuro, otros países comiencen a utilizar los drones para fines militares. La legislación, la cultura institucional y el secretismo que ampara a las actividades de la CIA no beneficia este importante objetivo.