Cecilia Goyeneche hizo una presentación de urgencia al máximo tribunal, luego de que el Superior Tribunal de esa provincia desoyera su reclamo.
En un dramático escrito, la suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, pidió este viernes la “urgente intervención directa” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que suspenda el jury que se le realiza en su contra y que parece encaminado a destituirla.
Goyeneche es la fiscal que logró la condena a 8 años de prisión del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y ha investigado a otros dirigentes K por corrupción en la provincia.
En el escrito, Goyeneche dijo que la eventual intervención del máximo tribunal es para “ evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva”, entre otros derechos constitucionales en este caso de gravedad institucional.
Sucede que el miércoles, con una velocidad inusitada y en un día feriado, la mayoría de jueces subrogantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó un amparo ordenado por una jueza de instrucción que dictaminó que el jury era ilegal por la falta de una fiscal.
La caída de ese amparo habilitó al jury a avanzar sobre la destitución. En fuentes judiciales, se explicó que el fallo de la Corte de la semana pasada que ordenó tratar su amparo le servirá a Goyeneche para futuros reclamos, si es destituida.
Este viernes el jury rechazó una serie de presentaciones contra el proceso. Se consideró un pedido de no paralizar el proceso y así se reingresó “las actuaciones a despacho para el dictado de la sentencia”, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Hasta este viernes la fiscal no había presentado un recurso extraordinario ante ese tribunal entrerriano para poder llegar por esa vía a la Corte Suprema, informaron fuentes de la defensa a Clarín. El recurso es clave para avanzar por todos los escalones de la Justicia. Es excepcional que la Corte intervenga en forma directa en un caso. En su escrito, Goyeneche adelantó que presentará ese recurso.
El pedido de Goyeneche se conoce cuando es inminente una eventual decisión del jury, por mayoría, a favor de la destitución de la fiscal que ha recibido el apoyo de la Asociación Argentina de Fiscales, de la Red Argentina de Entidades por la Independencia de la Justicia, del constitucionalista Daniel Sabsay y de la diputada del peronismo renovador, Graciela Camaño, entre otros.
El jury contra Goyeneche se convirtió en un caso testigo sobre la independencia de la Justicia en Entre Ríos gobernada por el peronista Gustavo Bordet con repercusiones nacionales e internacionales. Ya hay un reclamo ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su escrito, Goyeneche señaló que se la quiere destituir “sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”. Es decir, que no hay una fiscal en el jury entrerriano.
Sería “un caso de gravedad institucional que justifica la intervención directa” de la Corte, ya que el Poder Judicial provincial resolvió “la exclusión del Ministerio Público Fiscal de su función legal y constitucionalmente prevista, incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad”.
“Pues está involucrado el adecuado funcionamiento del sistema de remoción de magistrados, lo que compromete el aseguramiento de la administración de justicia independiente e imparcial que la Provincia de Entre Ríos debe asegurar”, finalizó Goyeneche.
El jury está integrado por siete miembros. Goyeneche recusó sin éxito a cinco de sus siete miembros por supuestos vínculos con Urribarri y habló de una maniobra de venganza.
La fiscal está cuestionada por su labor en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, en el que se determinó un desvío de 52,5 millones de dólares de fondos públicos. A Goyeneche le imputan no haberse excusado en ese expediente aunque su marido es amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.
En el jury, Juan Smaldone ya votó a favor de la destitución, según la revista Análisis.
Smaldone es actual vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Rios y fue nombrado en su cargo por Urribarri. Su hijo Tomás Smaldone fue ministro de Trabajo y luego presidente del Tribunal de Cuentas en el segundo mandato de Urribarri, entre otros vínculos.
Por su parte, Daniel Carubia es también vocal del Superior Tribunal de Justicia desde 1988. Fue nombrado por el ex gobernador peronista Jorge Busti, con quien también fue socio en su estudio jurídico concordiense.
A su vez, Gisella Schumacher recientemente asumió como vocal en el Superior Tribunal de Justicia. Fue propuesta por Gustavo Bordet. Es actual pareja de Angel Giano, presidente de la Cámara de Diputados, oriundo de Concordia y extitular de la Comisión Administradora de Fondos de Salto Grande (Casfeg) en la gestión de Urribarri, informó la revista Análisis.
A su turno, Verónica Mulone es representante del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Otro miembro del jury es Armando Gay. Se trata de un senador provincial del justicialismo, oriundo de Concordia. Fue presidente del bloque de senadores del oficialismo y viceintendente de Concordia.
El jury también está integrado por Gustavo Zavallo, un diputado provincial del PJ. Fue también diputado nacional del peronismo y cercano al fallecido exgobernador Jorge Busti.
A su vez, Gonzalo García es el otro representante del Colegio de Abogados de Entre Rios. Es actual director de Asuntos Jurídicos del Senado entrerriano, que preside la vicegobernadora Laura Stratta, precandidata a gobernadora. En manos de estos siete abogados, jueces y legisladores está la suerte de Goyeneche.