A la familia chilena se le informó que había sido ejecutada por «la dictadura» y recibían una pensión de gracia por este concepto.
Bernarda Vera Contardo, una chilena que aparecía en todos los informes oficiales como «desaparecida», desde que asumió el gobierno militar chileno, vive feliz de la vida en Buenos Aires. Un grupo de reporteros del canal chileno Chilevision, llegaron a su casa, generando una noticia impactante.
La mujer, en 1978 obtuvo permiso de residencia en Suecia, y en 1984 la ciudadanía. Tras separarse de su marido chileno, en 1999 se fue a Argentina casada con un argentino con el que tuvo 3 hijos. A la familia chilena se le informó que había sido ejecutada por la dictadura y recibían una pensión de gracia por este concepto.
No se sabe exactamente cuántos casos similares hay, pero este se conocía en el gobierno chileno desde hace más de un año, aunque no se hizo público hasta que lo destapó la prensa.
A este caso se deben sumar unos 3.000 casos de exonerados falsos, de un total de 30.000, los cuales fueron «víctimas» del gobierno militar. Se argumenta que estas personas perdieron su empleo en el sector público, por lo que sus familiares reciben pensiones mensualmente.
La Contraloría General de la República [Tribunal de cuentas en España] hizo públicos los informes, en los que se comprobó que habían miles de casos en que se pagaba a personas que no cumplían los requisitos. Para acceder al beneficio se exigía la firma de un parlamentario –ley 19.234– que validaba la información.
Isabel Allende, entonces diputada, firmó más de 1.000 certificados, argumentando después de que ella confió en la buena fe de los solicitantes. Más tarde, la hija de Salvador Allende siendo senadora, sería destituida por el intento de vender al Estado la casa de su padre infringiendo normas legales.
La izquierda chilena ha sido persistente en su condena a todo vestigio del gobierno militar chileno, incluso condenando a exmilitares con ficciones jurídicas. Centenares de octogenarios y nonagenarios militares siguen privados de libertad sin justo juicio y sin opciones para acceder a beneficios que sí obtienen otros chilenos.
Al gobierno de Boric le quedan 5 meses y se anticipa con certeza que la oposición de derecha tomará el poder, por lo que aceleran acciones para concretar la aprobación de leyes en materias laborales –negociación colectiva multinivel– y en áreas de cultura y «memoria histórica».
La izquierda chilena se prepara para salir a la calle para entorpecer y hostigar a quien asuma el nuevo gobierno. Boric deja un legado de inseguridad, deuda fiscal en niveles peligrosos, deudas impagas millonarias a proveedores del sector público y una sociedad en que los niños han sido reemplazados por mascotas.
Quien asuma el gobierno en Chile, enfrentará sin espacio de dudas, una oposición feroz y combativa, no muy distinta a la que llevó a Allende al poder en 1970 o a la que enfrentó al gobierno militar en los 80. Todo vale para la izquierda. Nicaragua, Venezuela, Cuba y ahora Colombia, son ejemplos de que son varios los países que requieren cirugía mayor. El diálogo perpetuo perdió efectividad.