Por segunda vez en una semana, la policía se enfrenta a los profesores apostados cerca del Congreso. El presidente Kuczynski pidió a los educadores volver a las aulas.
El 15 de junio empezó una huelga de maestros en Perú con reivindicaciones laborales que han sido parcialmente atendidas, pero pasados dos meses, este miércoles, la cuestión llegó a su momento más crítico con las agresiones de la policía a los profesores en Lima y la comparecencia de la ministra de Educación, Marilú Martens, ante la Comisión de Educación del Congreso, durante siete horas.
Desde el 10 de agosto, cientos de maestros llegaron a la capital desde las provincias del sur, que promovieron la huelga, y tomaron la plaza San Martín como punto de concentración y de partida de sus movilizaciones por el centro de Lima.
Los maestros lograron la semana pasada que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski “adelantara un aumento que estaba programado para 2018”, explicó a EL PAÍS Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos y experto en política educativa.
El Gobierno ha ofrecido que a partir de diciembre, los profesores nombrados y los contratados recibirán como remuneración mínima 616 dólares, un monto menor que en Ecuador y Colombia, según indican los maestros en sus pancartas.
Cuenca sostiene que la huelga se debe a dos factores: al debilitamiento del gremio de los maestros principal, que era el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), y a la falta de liderazgo de la ministra Martens después de la salida de Jaime Saavedra de ese cargo en diciembre. “Ha habido una pérdida de brújula total: a río revuelto, ganancia de pescadores”, comentó.
Por varias décadas, el Sutep –controlado por el partido de izquierda Patria Roja– representaba a los maestros, pero en la última década otros dos grupos le han quitado peso. La protesta ha sido liderada por una facción radical de maestros denominada Pukallacta, originada en el sur del país, y una tercera, llamada Comité Nacional de Lucha y de Reorientación y Reorganización (Conare), ligada al Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso.
En el debate en la comisión parlamentaria de Educación, la noche del miércoles, varios congresistas reclamaron que el ministro de Interior, Carlos Basombrío, ha empeorado la crisis con los maestros al llamarlos terroristas. “Quien ha elevado el nivel de conflictividad es el ministro Basombrío refiriéndose a infiltración terrorista”, afirmó la congresista Marisa Glave.
El fin de semana, el equipo de diálogo del Ministerio de Educación viajó a Cusco para conversar con la dirección de maestros de esa región –promotores iniciales de la huelga– y logró que el lunes retomaran las clases.
Sin embargo, Martens reconoció que de 360.000 maestros, más del 60% aún no vuelve a clases, unos 238.000.
El dirigente Pedro Castillo, que representa a los profesores que no han aceptado las medidas ofrecidas por el Gobierno de Kuczynski, rechaza la evaluación prevista para este año por el Ministerio de Educación: un examen en el aula del comportamiento y la relación con los estudiantes. “Queremos que cese el hostigamiento laboral”, dijo Castillo a Canal N, después de la comparecencia de Martens en el Congreso.
Durante el día, cientos de profesores marcharon por las calles del centro de Lima, al igual que la semana pasada, y se acercaron al Congreso, área que la policía resguarda como zona rígida. Pese a la presencia de congresistas que mediaban para que algunos líderes gremiales entraran a la sesión de la Comisión de Educación, la policía golpeó a decenas de maestros y a un congresista y lanzó chorros de agua para reprimirlos. Uno de los lemas que más repiten en sus movilizaciones es: “Somos maestros, no somos terroristas”.
Cada noche, los educadores se alojan en albergues o edificios del centro de la ciudad o de distritos cercanos, que pagan con colectas o con su propio dinero.
Por la noche, el presidente Kuczynski invocó a los profesores a deponer la huelga. “Quiero llamar a los maestros para que regresen a las clases. Mi Gobierno está cumpliendo las promesas. Ha dialogado con los sindicatos, ha reconocido la deuda social y ha tratado sobre las pensiones de jubilación y el reconocimiento gremial. Pero no debemos aceptar las ideologías violentistas que apoyan algunos de los representantes. Maestros: sus aulas los esperan”, expresó en un mensaje televisado.
Perú invierte un 3,8% del PIB en educación, un monto menor al de sus vecinos: Bolivia, Colombia y Chile.