La presidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, Florencia Garrido, cuestionó el proceso mediante el cual se adjudicaron 18 nuevos permisos de pesca de calamar y advirtió que ninguno de los proyectos contempla la construcción de los buques en astilleros nacionales. Sostuvo que se vulneró la preferencia establecida por la Ley Nacional de Pesca y pidió una convocatoria complementaria con plazos que permitan a la industria local competir.
La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata cuestionó el proceso llevado adelante por el Consejo Federal Pesquero para la adjudicación de 18 nuevos permisos de pesca de calamar y reclamó que se garantice la participación de astilleros argentinos en la construcción de las embarcaciones. En diálogo con la 99.9, la presidente de la entidad, Florencia Garrido, explicó que la Ley Nacional de Pesca establece una preferencia para los proyectos de construcción nacional, pero consideró que las condiciones fijadas para esta convocatoria hicieron prácticamente imposible que los astilleros locales pudieran participar.
Garrido explicó que el proceso se inició luego de que un informe del INIDEP determinara que estaban dadas las condiciones para ampliar los permisos de pesca existentes. “La misma ley establece en su artículo 26 que se le debe otorgar preferencia a los proyectos de construcción nacional de los buques en astilleros nacionales”, señaló. Sin embargo, cuestionó que al establecerse los criterios de evaluación se otorgara un plazo de apenas 20 días hábiles para presentar los proyectos, una condición que, según afirmó, resulta insuficiente para desarrollar una propuesta de construcción de un buque.
“Para armar un barco, ir a pedir presupuestos, 20 días hábiles es un plazo irrisorio. Esto es una negociación que se tiene que iniciar con el astillero, además de presentar un montón de otra documentación que va por fuera de lo que es la construcción del buque”, explicó la dirigente. Según sostuvo, la Cámara había advertido previamente al Consejo Federal Pesquero sobre las dificultades que podía generar ese esquema, pero finalmente ninguno de los 18 permisos adjudicados incluyó un proyecto para construir el barco en Argentina.
Para la industria naval, el resultado representa una oportunidad perdida en un momento particularmente complejo para el sector. “La industria naval está pasando por un momento de poca actividad. Están las gradas, los empleados, las máquinas, somos competitivos y nos quedamos fuera de una posibilidad de reactivación en el sector”, afirmó Garrido. En ese sentido, remarcó que los recursos pesqueros pertenecen al conjunto del país y que su explotación también debería generar actividad y empleo en las industrias nacionales vinculadas a la pesca.
Frente a esta situación, la Cámara pidió que se establezca una reserva de cupo para la construcción nacional y que se realice una convocatoria complementaria que permita desarrollar los proyectos con un plazo considerablemente mayor. “Lo que nosotros pedimos es que se haga esta reserva de cupo nacional, que se cumpla con la ley y, de alguna manera, que se haga una convocatoria complementaria que implique 180 días hábiles para poder armar, diseñar y presentar todo lo que sean las cuestiones de diseño en este proyecto para un nuevo buque”, detalló.
La dirigente también cuestionó la velocidad con la que se resolvió el proceso. Según indicó, mediante la resolución 21 del Consejo Federal Pesquero, aprobada aproximadamente diez días antes de la entrevista, fueron seleccionados 18 de los 26 proyectos presentados. “Algunos consejeros hicieron de la documentación con 24 horas antes de la reunión del Consejo Federal Pesquero”, sostuvo, y consideró que una decisión de estas características debería contemplar previamente la opinión de las instituciones vinculadas con la industria naval.
“En este momento de crisis de la industria, estas cosas tienen que ser analizadas, se tienen que convocar a las instituciones de industria naval, las cosas hacer como corresponde, porque si no estamos dejando afuera un montón de mano de obra y de empleo”, afirmó Garrido. Al mismo tiempo, aseguró que el sector tiene capacidad tecnológica y productiva para competir con embarcaciones fabricadas en otros países. “Somos una industria que es competitiva, que tiene toda la tecnología, estamos para competir con los buques que se construyen en el exterior”, destacó.
La resolución fue aprobada por mayoría, aunque la provincia de Buenos Aires votó negativamente. Garrido consideró que ese dato debería abrir la puerta a una instancia de diálogo para revisar el procedimiento y evitar que situaciones similares se repitan en futuras convocatorias. “Hay muchas cuestiones en el proceso que son para revisar y para manejarlas de otra manera y para que no vuelva a suceder”, señaló.
Uno de los principales cuestionamientos de la Cámara está puesto también en el sistema de puntuación utilizado para evaluar las propuestas. Garrido sostuvo que el incentivo otorgado a quienes opten por construir embarcaciones en el país fue demasiado bajo como para generar una verdadera ventaja. “A la hora de darle un puntaje a la construcción nacional fue mínimo. Entonces las empresas tampoco van a seleccionar o van a elegir hacer un barco en Argentina”, explicó.
La presidente de la Cámara recordó además que hace aproximadamente seis años se había implementado un esquema diferente durante un proceso de renovación de la flota pesquera. “El beneficio era concreto: vos vas a tener más toneladas en tu permiso y se inició un proceso que hoy está detenido. Se empezaron a renovar barcos, las gradas de los astilleros estaban completas”, recordó. Para Garrido, esa experiencia demuestra que existen mecanismos concretos para incentivar a los armadores a construir en el país.
“Sabemos cómo incentivar a los armadores en los procesos de pesca, pero evidentemente o estaban mal asesorados o quisieron hacer este proceso rápido y en esa rapidez quedamos afuera”, concluyó. La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata insistirá ahora con el pedido de apertura de una instancia de diálogo y participación institucional para que los nuevos permisos de pesca también puedan convertirse en una herramienta de generación de empleo, inversión y actividad industrial en el país.