La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analizó la Licitación Pública para la contratación de la obra “Dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal” llevada a cabo por la Administración General de Puertos.
El fiscal Sergio Rodriguez manifestó en su presentación que, “a través de una solicitada publicada en el diario “La Nación”, de fecha 20/02/22, esta Procuraduría de Investigaciones tomó conocimiento de posibles irregularidades en el marco de un proceso licitatorio de gran envergadura nacional, la Licitación Pública de Etapa Múltiple n° 13/2021 para la contratación de la obra “Dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal”, cuyo presupuesto oficial estimado asciende a la suma de dólares estadounidenses ochenta millones doscientos ochenta mil (USD80.280.000) más IVA”.
Tras haber iniciado de oficio la investigación preliminar, la PIA efectuó un análisis de la licitación en el que advirtió diversas y graves irregularidades en el desarrollo del proceso licitatorio para destacar asimetrías en la valoración de la documentación presentada por los oferentes, falta de precisión a la hora de estimar el costo total de la obra, carencia de parámetros objetivos de calificación y evaluación, entre otros. “La PIA señalará irregularidades que han sido advertidas en el expediente administrativo por el que se llevó a cabo el procedimiento de la Licitación Pública N° 13/2021 (EX-2021-65990824-APN-MEG#AGP), que abarcan etapas iniciales del procedimiento, como la confección de los correspondientes pliegos de bases y condiciones, pero también posteriores, como los sistemas utilizados para calificar oferentes y sus respectivas ofertas, sin entrar a considerar ni analizar, en esta instancia, las ofertas presentadas ni sentar postura respecto de las impugnaciones formuladas, salvo aclaraciones puntuales”.
Más allá de que la licitación fue dejada sin efecto por la propia administración, Rodriguez también realizó consideraciones sobre este acto administrativo que calificó de irregular por vicios en la causa, motivación y finalidad.
“La AGPSE puede válidamente revocar un llamado a licitación pública Nacional de conformidad con el Art. 10 de su Reglamento de Contrataciones y lo previsto en los Arts. 17 y 18 de la LNPA, ya sea que se funde en razones de ilegitimidad o por razones de oportunidad, mérito y conveniencia dando estricto cumplimiento a los requisitos esenciales dispuestos en el Art. 7° LNPA”, mas no puede invocar razones de oportunidad, mérito y conveniencia cuando en el desarrollo del procedimiento existieron irregularidades. “Cuando la Administración deja sin efecto, ilegítimamente un llamado a licitación pública se compromete, como es lógico, la responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima, con las consecuencias indemnizatorias inherentes a esa clase de responsabilidad…”
En el escrito también se efectuaron una serie de recomendaciones en vista del nuevo proceso de selección impulsado desde la Administración General de Puertos, tras darse de baja la analizada, y se incluyó además la necesidad de abrir el proceso licitatorio al control y la participación ciudadana y de ONGs especializadas a fin de dotar de mayor transparencia el proceso de contratación.
Además se señaló que “aún cuando pudiera considerarse la regularidad del procedimiento, en el presente caso, el interés público involucrado cuya consecución se procura (consistente en la necesidad de la APGSE de brindar el servicio de dragado de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal), no ha variado. De las constancias obrantes en el expediente de la Lic. Pub. bajo análisis, la APGSE no ha incorporado constancias que acrediten la modificación de ese interés público, sino todo lo contrario: deja sin efecto el procedimiento y convoca un nuevo procedimiento selectivo de ofertas con el mismo objeto.”
A su vez, se puso en conocimiento a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Transporte de la Nación de las conclusiones arribadas a los efectos de que asuman la intervención que les corresponda, en particular a los fines de que se evalúen las capacidades e idoneidades funcionales de las personas que han intervenido en el proceso de licitación investigado, como también al Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable en virtud del próximo llamado a licitación de esa hidrovía por un plazo extendido.
Por último, y como consecuencia de las irregularidades detectadas con relevancia jurídico penal, la PIA presentó las conclusiones de la causa que tramita ante el juzgado Federal N° 10 a cargo Fe Julián Ercolini y la intervención de la Fiscalía de Guillermo Marijuan.