El Ingeniero Richard Battagión del Partido Demócrata, es uno de los que encabeza la demanda que se presentará para declarar la inconstitucionalidad del a denominada ley del cheque. Argumentó que “estamos hablando de una cifra superior a 30 mil millones de dólares que debe La Nación a las provincias”.
La Ley del Cheque, ha encontrado un grupo de personas que pugnan por declarar su inconstitucionalidad. Se trata del Partido Demócrata que presentará una demanda encabezado por el Ingeniero Richard Battagión quien explicó los motivos en la 99.9.
“Las provincias no han accionado en este tema y les ha ocasionado muchos perjuicios. Significa para Mendoza un perjuicio de 1.500 millones de dólares, si eso se indexa al país, hay que multiplicar al menos por 20 o 25 veces. Estamos hablando de una cifra superior a 30 mil millones de dólares que debe La Nación a las provincias”, dijo.
También advirtió que “la llamada Ley del Cheque es inconstitucional por dos motivos. Uno porque es una ley de asignación política, está afectado a cierto fin y debe tener un tiempo de vigencia acotado. Eso no lo cumplió la Ley del Cheque. El otro tema que la hace inconstitucional es que altera la relación Nación-Provincia”.
El objetivo de la declaración es justamente hacer que deje de tener efecto inmediatamente. “Una vez que se declara inconstitucional, la ley deja de tener vigencia pero le permite a las provincias ir por el dinero que le han quitado durante 20 años”, adelantó sobre las posibilidades que tienen los gobiernos provinciales de reclamar aquellos que les corresponde.
A pesar de que suena un poco difícil a priori ganar una batalla de esta índole ante el gobierno, Battagión se mostró optimista: “creemos que esta batalla la vamos a ganar porque la Constitución está para ser cumplida aunque los funcionarios miren para otro lado. Esto derivará en una nueva deuda interna cuando La Nación tenga que reconocer lo que le debe a las provincias”.
Pretenden que el cambio se pueda efectuar, pero también esperan un largo proceso para llegar incluso a la Corte Suprema. “Eso puede generar un cambio que nos de libertad para defender el modelo provincial y el proyecto de país que está plasmado en la Constitución Nacional. Pensamos que ante una sentencia adversa tendrán que apelar hasta que en algún momento tendrá que fallar la Corte”, finalizó.