PP y Vox acusan al PSOE de querer matar a los mayores para ahorrar costes.
Sí. Ese fue el voto de la mayoría de los diputados a tramitar una norma que legisle sobre la eutanasia. Todos, menos los del Partido Popular y Vox. Y lo hicieron, indicaron, porque “vivir es maravilloso, pero no poder morir cuando la vida es insufrible debe de ser horroroso”, en palabras del diputado del PNV Joseba Agirretxea. Tras ese visto bueno, la proposición de ley de los socialistas será debatida en la comisión de sanidad. Los cálculos parlamentarios apuntan a que, antes de que termine el año, España se convertirá en el cuarto país del mundo en contar con una ley de eutanasia.
Frente a este bloque mayoritario, estuvieron PP y Vox. La intervención del diputado popular, José Ignacio Echániz, provocó el rechazo de todas las formaciones que votaron a favor por acusar a los socialistas (y por ende a los que le apoyan) de presentar esta ley para facilitar la muerte de muchos mayores y, con ello, reducir los costes sanitarios y sociales para un colectivo con enfermedades crónicas y, también, reducir los costes de las pensiones. Abucheo generalizado de la Cámara, máxime cuando algunos creyeron que Echániz iba a aprovechar su intervención para disculparse por insinuar por la mañana que esta propuesta iba destinada a “matar viejos” (resumen de Agirretxea). Pero, al contrario de los que algunos diputados creyeron, como Íñigo Errejón (Más Madrid), el diputado del PP, médico antes de convertirse en político hace más de dos décadas, se extendió en la teoría de la reducción de costes que traerá consigo la eutanasia. “Repugnante”, dijo Pablo Echenique, de Unidas Podemos).
Vox, que intervino más tarde, fue por la misma línea, señalando que el Gobierno iba a ahorrar en pensiones, ahora que las había subido. Y que la fórmula era matar a los ciudadanos mayores. Y acusó a esta ley de querer convertir al Estado en “una máquina de matar”, señalando a los médicos como “sus verdugos”.
La presentación de la propuesta legal vino de la mano de la exministra de Sanidad Luisa Carcedo, quien leyó algunas cartas redactadas por enfermos que lucharon por la eutanasia, como Fernando Cuesta, enfermo de ELA que tuvo que ir a Suiza para que le practicara la eutanasia. O la de Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde hacía más de 30 años. Y la de un hijo de Maribel Tellaetxe, enferma de alzheimer que había pedido morir antes de que la enfermedad le hiciera olvidar la razón de su vida, su familia.
Carcedo defendió que la ley reconoce el derecho de una persona a morir dignamente. “No es para el que quiere vivir, es para aquel que considera que el dolor le resulta insoportable, que considera que no tiene vida”, indicó. La exministra defendió que la ley es garantista, al exigir una doble supervisión médica (dos médicos deberán autorizarlo más la comisión de garantías) para comprobar que quien solicita morir se ajusta a la ley (persona con enfermedad grave e incurable o con enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables). Garantista para los médicos que participen (quienes objeten lo harán saber en un registro) y garantista, prosiguió, con quien lo solicita (sólo lo puede tramitar esa persona y siempre puede echarse atrás en un proceso que dura un mes).
PP y Vox indicaron que lo que había que ofrecer a esos enfermos son unos servicios paliativos adecuados. Una ley de paliativos que, sin embargo, no sacó adelante el Partido Popular cuando estaba al frente del gobierno, recordó la exministra del PSOE.