La presentación en sede penal fue realizada por la titular de Pro, Patricia Bullrich, junto a diputados nacionales; habla de un “plan de impunidad” respecto de los “delitos de corrupción” cometidos entre 2003 y 2015.
La oposición informó sobre la presentación de una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, su vice, Cristina Kirchner, y otros funcionarios y referentes del oficialismo, por considerar que llevan adelante un “plan de impunidad” respecto de los “delitos de corrupción” cometidos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos del kirchnerismo.
La denuncia fue impulsada por la titular de Pro, Patricia Bullrich, junto a diputados nacionales, e involucra, además de a Fernández y a Cristina Kirchner, a los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Seguridad, Aníbal Fernández; al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; al líder piquetero Luis D’Elia; y a Hebe Pastor de Bonafini, como responsables por los delitos de “sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”.
La presentación, firmada por Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Sabrina Ajmechet y Ricardo López Murphy, entre otros, denuncia la ejecución de un plan de impunidad respecto de “los graves delitos de corrupción” que se tratan en las causas “Vialidad”, “Hotesur-Los Sauces” y “Cuadernos”.
En el texto se sostiene, por ejemplo, que mientras “un sector del oficialismo instala la falsa idea de que el juicio” por la causa Vialidad fue “ilegal” y que “la acusación carente de sustento probatorio”, otros realizan la “amenaza concreta de que no será aceptado en lo pendiente -la sentencia de la causa Vialidad y los fallos pendientes en Hotesur-Los Sauces y Cuadernos- un resultado desfavorable a la actual vicepresidente y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional”.
En esa línea, Bullrich y los legisladores observan:
- Una campaña de desprestigio de la Justicia y de banalización de los hechos, a partir de la instalación de la idea del “lawfare” como una forma de persecución política.
- La colocación de “militantes” a cargo de áreas estratégicas del Gobierno para desactivar las denuncias: la Oficina Anticorrupción -Félix Crous-, UIF – Juan Carlos Otero-, Procuración del Tesoro -Carlos Zanini-, AFIP -Mercedes Marcó del Pont-, quienes desistieron de las querellas oportunamente promovidas en esos procesos.
- La promoción de acciones de hecho con la movilización de militantes a modo de amenaza contra los jueces y fiscales que tienen que tomar las decisiones en las causas de referencia, instalando la idea que en caso de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner se producirán graves disturbios sociales.
- “Tales acciones conforman claramente el delito de sedición contemplado en el art. 22 de la Constitución Nacional, tendiente a apañar hechos que el mismo texto constitucional califica como de traición a la patria (art. 36) y violan los compromisos asumidos por el país en las convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción”, sostienen los denunciantes, que requieren la formación del correspondiente sumario y la citación de los acusados a prestar declaración indagatoria.