El Gobierno de Nicaragua ha cerrado cuatro asociaciones pro derechos humanos y plantea la suspensión de otras cinco.
Nicaragua rueda hacia el abismo y el despótico régimen sandinista prefiere no darse por enterado. Las ONG son el nuevo objetivo de la represión de Daniel Ortega. El martes decretó la cancelación de la personalidad jurídica del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), la entidad que más le inquieta por tratarse de una voz objetiva y respetada en el mundo, y la que reporta todos sus delitos. El citado organismo rechazó por medio de un comunicado la medida “ilegal y arbitraria” y señaló al tándem Ortega-Murillo como “responsables primeros de la política de exterminio contra la población nicaragüense”.
El miércoles, el Gobierno cerró otras tres ONG. La Asamblea Nacional decidió este jueves discutir la suspensión de otras cinco asociaciones dedicadas a promover la democracia, el desarrollo, la libertad de prensa o el medio ambiente.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia, por su parte, denunció que uno de sus integrantes, el estudiante de Derecho Levis Artola, detenido en agosto por participar en las manifestaciones, se encuentra confinado en una celda de castigo.
Los últimos en lanzar una potente voz de alerta han sido los empresarios, uno de los pilares que han sostenido a Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque miraron para otro lado cuando consumaban fraudes electorales y cometían abusos. Con cifras incontestables en la mano, advirtieron que la economía no resiste, que si no acepta retornar a la mesa de diálogo, adelantar elecciones, liberar a los presos políticos y cesar la represión, el país retrocederá a los ínfimos niveles de los 80.
“Lo que tomó siete años construir, se perdió en siete meses. Cada mes de crisis significa un año perdido”, afirmó José Adán Aguerri, presidente de COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), al finalizar la Asamblea que reunía a 400 empresarios nicaragüenses. Recordó que desde abril pasado despidieron o suspendieron a 430.000 empleados, 60.000 nicaragüenses emigraron a otros países y el turismo se desplomó un 50%.
Más claro aún fue uno de los miembros del COSEP y padre de Xiomara Blandino, ex miss y actual pareja de Juan Carlos, el hijo de Daniel Ortega dueño del Canal 8 de televisión. “Nosotros nos equivocamos en diez años y estamos rectificando, vamos a ver cómo los empresarios participamos en política”, admitió a un grupo de periodistas a la salida del encuentro. “La Presidencia debe entender que debe haber un cambio. Vamos con más fuerza que nunca y vamos unidos. Unidos somos mayoría”.