Liliana Zulet, tercera mujer de Hugo Moyano y administradora de buena parte de los negocios familiares, fue condenada en abril de 2002 a dos años de prisión en suspenso por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de una entidad bancaria. Hoy, la investiga por el presunto vaciamiento de la obra social del sindicato. Un nuevo fallo podría dejar firme la anterior sentencia, enviándola directamente a prisión.
Liliana Zulet es la tercera mujer de Hugo Moyano y se encarga de administrar gran parte de los negocios de la familia. En abril de 2002, fue condenada a dos años de prisión en suspenso por estafa y uso de documentos privados falsos en perjuicio de una entidad bancaria. ¿Qué importancia encierra ese dato en la actualidad? Ocurre que actualmente la justicia tiene en la mira a la esposa del jefe camionero por el presunto vaciamiento de la obra social del sindicato, por lo que un nuevo fallo en su contra podría dejar firme la anterior sentencia y enviarla directamente a prisión. Aunque la investigación se inició en 1993, la condena sobre Zulet se concretó recién en 2002, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires la encontró culpable de una defraudación por U$S 420 mil al ex Banco Roberts. La empresaria reconoció su responsabilidad en el delito, por lo que obtuvo una condena a dos años en suspenso por parte de los magistrados.
En el marco de la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, Zulet aparece como la figura más comprometida por su participación en la estructura de IARAI S.A., entidad que presta servicios a la obra social del sindicato camionero y que tiene en su directivo a Valeria Salerno, hija de Zulet. Se trata de una de las tres firmas administradas en forma directa por el entorno familiar de Moyano que, hoy por hoy, se presume responsable directo del vaciamiento de la obra social a través de transferencias superiores a los $ 570 millones entre 2011 y 2012. La participación de Zulet en IARAI es difícil de ocultar. De hecho, al momento de presentar una de sus declaraciones juradas, reconoció que el dinero que mantenía en su caja de ahorro correspondía a haberes percibidos desde IARAI y a cheques de la obra social y el Sindicato de Camioneros.
De acuerdo a la presentación de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), IARAI se inscribió legalmente en 2003 y durante los primeros años contaba con un escaso movimiento financiero, con pérdidas de $ 223.640 al cabo del primer año. A pesar de ello, se hizo cargo del gerenciamiento de la obra social del Sindicato de Choferes y, en apenas unos años, llegó a ganar más de 2 millones de pesos y a facturar sumas superiores a los 22 millones de pesos (en 2010, facturó $ 151 millones). Su único cliente siempre fue el sindicato camionero. “IARAI S.A sería una empresa con nula experiencia en el mercado y una precaria capacidad económica, con evidentes pérdidas que asumió el gerenciamiento de OSCHOCA a través de la tercerización de los servicios, que hasta 2006 eran prestados directamente por la obra social mencionada y que consistió nada más y nada menos que en hacerse cargo de tres sanatorios y 14 consultorios externos en CABA y el Gran Buenos Aires”, indicó el trabajo de la PROCELAC.
$580 millones
Según se desprende del Registros de Operaciones Sospechosas, el gremio y la obra social de camioneros transfirieron $ 580 millones a cuentas de la familia Moyano.