El acuerdo que el Gobierno nacional pretende firmar con las empresas para pagar más por el excedente de gas, obliga a acordar con los gobernadores la cantidad de contrataciones.
Hace unas pocas horas se informaba sobre una invitación oficial del Gobierno para las petroleras que consistía en cobrar más por la producción excedente de gas. Pero lo que se había obviado era que se deben aceptar algunas reglas que resultan incómodas.
Una de ellas destaca por ser completamente nueva: las empresas deberán acordar sus planes de inversión con los gobernadores en las provincias en las que estén radicados los proyectos para sumar oferta. Hasta el momento, los empresarios mantenían un diálogo habitual con las gobernaciones sobre sus planes de inversión.
En esta oportunidad, el poder de los timoneles regionales está consolidado en un acuerdo que espera para ser firmado por Nación con empresas privadas. Así al menos figura en los borradores de acuerdo que el propio Gobierno, mediante funcionarios del Ministerio de Planificación, les mostró a algunos hombres del sector petrolero para interesarlos a participar de la iniciativa.
Lo que tiene una forma de “acta acuerdo” es una propuesta del Gobierno para presentar proyectos de “aumento de la inyección total de gas natural”. En uno de los anexos se indica que la información que deberá ser presentada para cada una de las provincias anualmente tiene que ser “acordada con el gobernador respectivo”.
En ese sentido, Jorge Sapag (Neuquén), Martín Buzzi (Chubut), Daniel Peralta (Santa Cruz) y Francisco “Paco” Pérez (Mendoza) son los principales timoneles de provincias petroleras.
Las empresas, además, deberán acordar con ellos qué cantidad de recursos destinarán en cada uno de los trimestres del año a tareas de perforación de pozos, work over y pulling (dos servicios habituales en la industria de exploración y producción de hidrocarburos). Se les pide que especifiquen qué cantidad de equipos comprometerán en cada caso. También se solicita que puntualicen son sumo detalle la cantidad de empleados que utilizarán en cada período.
Todo esto corresponde a una jugada estratégica que hace la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, organismo que se creó en el 2012 y conduce un triunvirato que lidera el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y del que también participan los secretarios Guillermo Moreno (Comercio Interior) y Daniel Cameron (Energía).
El Gobierno, entonces, les da mayor participación formal en las decisiones de inversiones a los líderes provinciales, pero por otro lado, delega parcialmente la revisión de esos compromisos a los gobernadores con mayor conocimiento territorial y mayor capacidad de opinar en los diálogos con las petroleras.
El texto de la normativa estipula que las empresas recibirán US$ 7,50 por millón de BTU (la unidad de medida) finales para toda oferta excedente (por encima de la denominada inyección base, que se calculará en cada caso). Para las compañías, se multiplica por tres el valor que reciben en promedio las petroleras de la cuenca neuquina, aunque está lejos de los 11 dólares que se le pagan a Bolivia. Además, sólo podrán acceder a ese precio si se comprometen a pagar una fuerte multa en caso de no cumplir con las metas de producción.
El interés del Gobierno es reducir lo más que puedan las exportaciones de gas que en 2012 se llevó 4697,8 millones de dólares, un 60% más que el año anterior.
