Félix Piacentini, director de NOAnomics, publicó un nuevo informe que desnuda la realidad de la economía de las provincias argentinas, y el nivel de gastos superfluos en los que incurren los gobernadores a nivel nacional.
Estando recientemente disponibles los datos oficiales de ejecución de todas las provincias hasta el año 2013 es posible estimar el gasto en empleo público provincial en exceso, que surge de lo efectivamente gastado en personal y lo que hubiera sido deseable de haber contado con una dotación “óptima” expandiéndose a la misma tasa que la población de cada jurisdicción. Partiendo de un gasto en personal consolidado de 4 puntos porcentuales (p.p.) del PBI en 2003 se llega a 7,5 p.p. en 2013, es decir un incremento punta a punta de 3,2 p.p. Lo ideal hubiera sido llegar a 2013 con un gasto de 5,9 p.p., es decir 1,7 p.p. menos que lo efectivamente observado. Si acumulamos el gasto excedente desde el año 2003 se arriba a la friolera de $ 416 mil millones a valores de hoy que se gastaron en empleo público innecesario en una década. Convirtiendo para cada año al tipo de cambio oficial el acumulado llega a los 41.500 millones de dólares.
Si desde el año 2003 el gasto en exceso por empleo público se hubiera destinado a la obra pública (inversión real directa) en 2013 se habría logrado que la misma representara el 19% de los gastos totales consolidados de las 24 provincias, en lugar del 9% efectivamente registrado. En los hechos la participación de la obra pública en el presupuesto consolidado sólo aumentó 1 punto porcentual (p.p.), del 8% en 2003 al 9% en 2013. Asimismo el peso del gasto en personal consolidado habría descendido al 41% de los Gastos Corrientes, desde el 52% que se contabilizaba en 2003 y no se hubieran registrado déficits fiscales para ningún período.
El gasto excedente acumulado desde 2003 a 2013 equivale a la mitad de los Ingresos Totales de todas las jurisdicciones en 2013, con picos de 1,3 y 1,1 en Tierra del Fuego y Catamarca y casi llegando a la unidad (0,8) para Salta, Jujuy y Buenos Aires. También equivale a 6 años de obra pública para el total, con máximos de 43 años para Buenos Aires y 27 en el caso de Tierra del Fuego. Asimismo, si las provincias hubieran ahorrado lo destinado a personal en exceso podrían haber eximido durante un promedio de 2 años del pago de impuestos provinciales y podrían haber prescindido de la coparticipación nacional durante más de 1 año. Además hubieran podido amortizar casi dos veces (1,7) su stock nominal de deuda consolidado (sin incluir los intereses).
De estos indicadores se desprende muy claramente, y desde otra óptica, el verdadero despilfarro en términos de recursos que implica la práctica tan difundida de incorporar plantilla por encima de lo necesario. Si esas erogaciones se hubieran aplicado a incrementar el acervo productivo con obra pública e inversiones en infraestructura, o se hubiera ahorrado para disminuir la presión fiscal provincial presente y futura (menos deuda) y/o eliminar impuestos distorsivos, el grado de competitividad de las provincias y su nivel de autonomía financiera y política se habría visto incrementado, apuntalando al sector privado como generador de empleo y asegurando una trayectoria de crecimiento más estable y menos pasible de ser afectada por cambios en las condiciones macroeconómicas locales e internacionales.