No convendría a Farc que uno de sus dirigentes sea excluido de la JEP por no decir la verdad.
Tras el impacto que produjo esta semana la captura de supuestos testaferros de la Farc –los propietarios de Supermercados Supercundi–, lo que sigue es saber el efecto que esto tendrá sobre esa exguerrilla recién convertida en partido político.
Precisamente por esa condición, lo que ocurra estará determinado por el acuerdo final de paz. Y, concretamente, por lo que indica la ley que reglamentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la cual los exjefes guerrilleros acusados de crímenes graves deben contar la verdad, incluida la que tiene que ver con sus bienes.
Aunque en principio puede deducirse que los jefes de la Farc, y particularmente Romaña (mencionado por la Fiscalía en el caso de los supermercados de la familia Mora Urrea), ya perdieron los beneficios de la JEP por no registrar en el inventario de bienes para la reparación de las víctimas los supermercados Supercundi, lo cierto es que, según juristas estudiosos de ese sistema de justicia transicional, no es así.
Romaña perdería la posibilidad de la pena alternativa que concede la JEP si la Fiscalía le comprueba que lavó dinero a través de esa familia después del primero de diciembre del 2016, fecha en la cual entró en vigencia el acuerdo final de paz, tras su refrendación en el Congreso.
En ese caso, no hay duda de que el exjefe del frente 53 de las Farc iría a la justicia ordinaria y, en vez de pagar sus delitos con restricción de libertad y trabajo comunitario, como contempla la JEP, tendría que ir a la cárcel.
Si no llegara a probarse que Romaña lavó dinero a través de los Mora Urrea después del primero de diciembre del 2016, el exguerrillero seguiría siendo candidato para la justicia especial de paz.
Y esto, porque la ley que reglamentó la JEP establece que el momento para aportar verdad plena, incluida la que se refiere a bienes y testaferros, es cuando los jefes de la Farc comparezcan ante la sala de reconocimiento de verdad de esa jurisdicción. Ese momento no ha llegado.
Es decir, incluso si ante esa sala Romaña cuenta que antes de que entrara en vigencia el acuerdo de paz entregó dinero a los dueños de los supermercados intervenidos por la Fiscalía, seguiría manteniendo los beneficios de la JEP. Aunque esto no es lo deseable, son las condiciones del acuerdo de paz.
Ahora, si el exjefe guerrillero hizo transacciones con la familia Mora Urrea durante los tiempos de guerra y oculta esa información en la JEP, debe ser remitido a la justicia ordinaria.
“La Farc, como organización, tiene una responsabilidad colectiva sobre el inventario de bienes que entregó para reparación. Pero la norma es clara en que esa responsabilidad es frente a los bienes sobre los cuales el secretariado tenía conocimiento”, dice uno de los juristas consultados por este diario.
El impacto político
En todo caso, la Farc sufriría un duro golpe político. Aunque la responsabilidad por los bienes y testaferros ocultados es individual, Romaña integra la dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Y lo que menos convendría a ese partido, cuya incursión en la política no ha sido fácil, es que uno de sus dirigentes tuviera que ser excluido de la JEP por no decir la verdad, que es un compromiso central de la exguerrilla con las víctimas y el país.
Pastor Alape, encargado por la Farc de recopilar entre bloques y frentes la información sobre los bienes y activos de la organización, considera importante que las investigaciones por la denuncia de la Fiscalía “lleguen hasta las últimas consecuencias”.
“A este asunto no se le puede echar tierra. Creemos que a estas investigaciones debe sumarse la Misión de la ONU que verifica el cumplimiento de los acuerdos de paz”, añade.
Hasta hoy, para la Farc, todo obedece a un “montaje de la Fiscalía con fines políticos”, pero es la justicia la que determinará la culpabilidad de los acusados en el caso de los supermercados.