Aducen que el acuerdo entre Argentina y Brasil para intercambiar información no puede usarse en la Copa del Mundo.
Para los barrabravas, el Mundial ya comenzó. Enterados del convenio entre las máximas autoridades gubernamentales y policiales de Argentina y Brasil para intercambiar información sobre los hinchas con antecedentes violentos, un puñado de barras nucleado en la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) presentará hoy un recurso de amparo en la Justicia para evitar que el acuerdo continúe su curso por considerarlo “inconstitucional”.
A cargo de la estrategia judicial está Débora Hambo, asesora legal de HUA. “La privacidad de información también es un derecho. Y el Gobierno está cediendo datos protegidos, como lo hizo en 2010 con la policía de Sudáfrica”, explicó Hambo a La Nación.
La abogada agregó: “el acuerdo marco entre Argentina y Brasil [acta 01/12] está orientado a la prevención de la violencia en eventos futbolísticos internacionales disputados entre seleccionados o clubes del Mercosur, y la Copa del Mundo es un evento más amplio, no es una Copa Libertadores. Entraría solamente en vigencia si es que se enfrentan los seleccionados de ambos países. El evento mundialista no está contemplado”.
En la sede de la embajada argentina en Brasilia, se reunieron la semana pasada las autoridades de ambos países para avanzar en el convenio de cooperación destinado a reforzar la seguridad antes y durante la Copa del Mundo. Argentina se comprometió a entregar un listado de las personas sobre quienes pesa el derecho de admisión en los estadios de nuestro país, y otro de aquellos hinchas caracterizados que tengan causas pendientes en la Justicia. Esto no significa que la prohibición de concurrencia se vaya a extender para el Mundial, pero será información de utilidad para que la policía brasileña active un seguimiento más riguroso sobre aquellos que arrastran antecedentes, ya sea por delitos contravencionales o penales.
La jugada legal de los muchachos de HUA va en esta dirección. “Queremos evitar los posibles problemas en la frontera y la persecución policial. En Sudáfrica, los chicos sufrieron una requisa policial constante que se hubiera evitado si el Gobierno no entregaba la información sobre el derecho de admisión. Queremos evitar que terminen presos solo por aparecer en un listado. El ingreso a los estadios, a esta altura, ya es secundario”, señaló Hambo.
Preocupados por el antecedente del Mundial de Sudáfrica, donde murió un barra argentino y otros 29 fueron deportados, en Brasil intentarán tomar recaudos de antemano. El acuerdo bilateral se selló la semana pasada. Por el lado argentino, encabezó la delegación Darío Ruiz, a cargo de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislatura.
Por los brasileños estuvo Andrei Passos Rodrigues, el hombre designado para coordinar la seguridad del Mundial y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. Passos Rodrigues viene de la Policía Federal y fue nombrado en agosto pasado en reemplazo de Valdinho Cetano, después de que estallaron las protestas sociales en diferentes puntos del país. Y un dato que sirve como muestra de la confianza que le tiene Dilma Rousseff: fue jefe de seguridad de la Presidenta cuando ésta era candidata, durante la campaña electoral de 2010.
Bajo las siglas de HUA ya no se anidan 58 barrabravas de distintos clubes, como en sus inicios, antes de viajar a Sudáfrica. Hoy serán bastante menos y el grueso está conformado por hinchadas de equipos del ascenso. Según la cúpula de HUA, la idea es ir a Brasil en diez micros, con 65 pasajeros en cada uno. Se hospedarán “en un predio de Inter”, en Porto Alegre, y estiman quedarse en el Mundial tanto como dure la estadía del seleccionado nacional en el torneo.
Junto a ellos irá también la barra de Independiente. Y una alerta: ninguno de los barras tiene hasta el momento entradas para los partidos de la Argentina, según confiaron a La Nación.
La jugada legal que instrumentará hoy HUA cuenta con un antecedente no muy lejano. En 2010, Hambo representó a 19 barras que habían sido deportados de Sudáfrica. Por entonces, demandó al país africano “por violación de derechos humanos, maltrato y golpes recibidos”. También le había apuntado a la FIFA, a quien le solicitó una indemnización millonaria en nombre de sus defendidos. La causa sigue sin resolución.