El Gobierno portugués exige a los consumidores que pidan siempre la factura, con el objetivo de obligar a los empresarios a declarar sus ventas y evitar fugas al fisco. Los ciudadanos pueden ganar además 250 euros de deducción por colaborar.
Los ciudadanos portugueses deben pedir tickets que les permiten cumplir con la normativa de su país y no recibir multas que pueden alcanzar los 2.000 euros, en cada cosa que compren. Para evitar la fuga al fisco, el Gobierno ha desarrollado una serie de iniciativas para que los propios consumidores actúen como inspectores fiscales, de lo contrario ellos mismos recibirán multas.
El comerciante está obligado a registrar cada operación y entregar a cada cliente un ticket en el que figura la suma recibida. El consumidor puede dar o no su número fiscal, de manera que la transacción se incorpora automáticamente al perfil fiscal del particular. Pero los portugueses se quejan de la falta de privacidad, al incorporarse cada pequeña compra al sistema informático del gobierno.
Muchos consumidores, por este motivo, han llegado a dar los números fiscales del primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, y del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, entre otros políticos, gracias a una idea del movimiento Revolución Blanca, que en las redes sociales propuso una “desobediencia cívica irónica” de los contribuyentes a la nueva medida y se han exhibido los números fiscales de varios políticos.
Esta medida debía entrar en vigencia a principios de este año. Pero el mismo Gobierno optó por implementarla de forma gradual, por lo que durante este año sólo se aplica a los sectores de manutención y reparación de automóviles, alojamiento, restauración, peluqueros y similares.
Para que el consumidor acepte esta norma, se decidió que la deducción máxima en la declaración de la renta sería de 250 euros, que corresponde al 5% del IVA pagado. Ese descuento exige sin embargo gastar 26.739,13 euros.
Por su parte, por no pedir factura o no conservarla por el plazo exigido por ley (cuatro años), el consumidor debe pagar una multa de entre 75 a 2.000 euros. Si es una empresa la que no pasa factura o lo hace fuera del plazo legal (15 días), la multa puede llegar a los 3.750 euros.
El presidente de la Confederación del Comercio y Servicios de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, le dijo a ABC: “No vemos inconveniente en que se pida factura, pero han creado un monstruo burocrático enorme”. En lo que va de año se han pedido 256 millones de facturas. “¿Qué van a hacer con ellas?”. Para ello, todos los establecimientos se han visto obligados a introducir máquinas y software nuevos, con valores entre los 1.000 y los 2.500 euros.
Otro punto a tener en cuenta es la protección de datos de los consumidores. Para el presidente de la CCP, “tendría más sentido crear otros impuestos, como el de la colecta mínima, que existe en otros países, para facilitar la vida de las pequeñas y medianas empresas: a partir de un cierto volumen de negocio se puede exigir la contabilidad organizada”.