El Estado anuncia restricciones para productores protegidos desde hace un siglo. El gobernador ha recibido críticas por el desigual reparto de los recortes de agua.
California necesitó cuatro años de sequía continuada para decidirse a aprobar, el pasado abril, restricciones de agua obligatorias en todo el estado por primera vez en su historia. Este viernes, esas restricciones han llegado al corazón más protegido de su economía: los agricultores con derechos sobre el agua que se remontan a tiempos de la fiebre del oro, hace más de un siglo. La Comisión de Recursos Hídricos de California ha aprobado restricciones este viernes para 117 de esos productores. Es el recorte más profundo de la historia para estos agricultores, un movimiento que revela que la gravedad de la sequía ha terminado por derribar todos los tabúes políticos del Estado.
Los derechos de los agricultores sobre el agua en California se remontan en algunos casos a finales del siglo XIX, la época en que la fiebre del oro llevó a colonizar en pocos años los valles y laderas de las montañas del Estado en busca de metales. Los nuevos propietarios de tierras obtuvieron permiso para desviar el agua de los ríos a sus propiedades sobre la base de el primero que llega, el primero que riega. El Estado no empezó a otorgar permisos oficiales de riego hasta 1914. Esa fecha es la que marca la diferencia entre los llamados derechos júnior y los derechos sénior para desviar agua de los ríos.
Los recurrentes problemas de agua suelen afectar a aquellos con derechos júnior (permisos de riego obtenidos después de 1914), a los que se les reduce el caudal o se les prohíbe el acceso. Desde el año pasado, los recortes de agua ya han provocado pérdidas de más de 2.000 millones de dólares en cultivos arruinados. Pero solo en una sequía anterior, la de 1977, California había restringido el acceso al agua de los agricultores con derechos sénior, los consumidores de agua más protegidos del Estado. Y nunca había afectado a tantos de esos productores como en esta ocasión. Algunos de los afectados por la decisión de este viernes tienen derecho a canalizar agua a sus propiedades desde 1903.
El pasado abril, el gobernador de California, Jerry Brown, anunció los primeros recortes obligatorios de agua estatales de la historia. Hasta ese momento, las restricciones nunca habían superado los niveles del municipio y el condado, pero la confirmación de que las reservas de nieve caída en el invierno están por debajo del 5% de la media, lo que significa que los ríos van a ver reducido su caudal el resto del año, desató la alarma. La sequía afecta de manera muy distinta al campo y a la ciudad. Ciudades como Los Ángeles, San Diego o San Francisco tienen más o menos su suministro garantizado gracias a un complejo sistema de acueductos que canalizan los ríos del estado. Mientras, el centro rural sufre de falta de agua. Brown anunció un plan de reducción obligatoria de un 25% del consumo de agua en California respecto a 2013 que debe ser ejecutado por las agencias de agua locales. La autoridad de agua confirmó la semana pasada que en mayo el consumo se ha reducido ya en un 13,5%, el primer sigo de que los californianos se han tomado en serio la sequía después de cuatro años.
Ese plan ha recibido muchas críticas porque se centraba en el uso urbano del agua y dejaba sin tocar la agricultura, responsable del 80% del consumo de agua de California. Desde entonces, el estado viene advirtiendo de que eventualmente los agricultores tendrían que poner de su parte. Ante las amenazas y las críticas, hace unas semanas un grupo de varios cientos de productores agrícolas anunciaron un plan de reducción voluntaria de un 25% de su consumo de agua.
California es la mayor potencia agrícola de Estados Unidos. Sus campos venden fruta y verdura por valor de 50.000 millones de dólares. Produce dos tercios de toda la fruta que se consume en EE UU. Sin embargo, la agricultura no es el motor económico de California, una economía del tamaño de Brasil de la que apenas representa un 2% del PIB. Pero es un importante nicho de empleo en amplias zonas rurales del Estado más poblado (38 millones de habitantes) y más rico de EE UU.
Cuando el gobernador rechazó hace dos meses abrir el melón de las restricciones de agua en la agricultura no estaba protegiendo a los productores, sino los empleos de decenas de miles de braceros que viven de recoger la fruta y la verdura que se sirve a todo el país. “El problema de Brown es que si vas a por las granjas vas a por los jornaleros”, explicaba en una conversación reciente con EL PAÍS Peter Schrag, periodista e historiador del California. “Obligar a los agricultores a no plantar supone que mucha gente pierda su empleo”.