Ricardo Echegaray trabajó como letrado del empresario patagónico durante 2001. Los vínculos K con la DGI, y los controles que quedaron a cargo de la cuñada de Máximo Kirchner.
La investigación iniciada sobre el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero amenaza con sepultar las aspiraciones electorales del kirchnerismo. En ese marco, desde el Gobierno nacional se empezó a generar un cerco de protección sobre las pruebas que comprometen al presunto testaferro K, según publica el Diario Hoy.
El primer indicio de la estrategia impulsada desde los más altos estratos del poder federal se vislumbraron durante este último fin de semana cuando el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, se apresuró a afirmar que Báez es un “contribuyente más”. “Nosotros cumplimos funciones dentro del marco de acción de la fiscalización. Trabajamos con contribuyentes y él es uno más. Si detectáramos algo, tendrá que responder en la Justicia”, señaló el funcionario kirchnerista durante un encuentro que mantuvo en Bahía Blanca.
Las declaraciones de Echegaray no sólo responden a la estrategia general consignada desde el Ejecutivo nacional, sino que también se atribuyen a vínculos personales entre el titular de la AFIP y el supuesto testaferro de la familia Kirchner. Entre el 2000 y el 2001, el funcionario kirchnerista fue abogado de Gotti SA, una de las constructoras de Báez que se encuentra hoy en la mira de la Justicia.
Dicha compaña fue investigada en su momento por evadir alrededor de $400 millones mediante facturas truchas. Tras la primera denuncia realizada, se modificó toda la línea técnica de investigación, lo que generó que el reclamo se redujera a $100 millones. La vía judicial terminó bloqueándose luego de que la constructora se acogiera a la ley de moratoria y blanqueo que promovió el Gobierno a fines de 2008.
La abogada de Báez y sus vínculos con la DGI
La abogada de Lázaro Báez, Paola Martínez Naifleisch, constituyó su domicilio legal para litigar contra la AFIP en las oficinas privadas del titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Asimismo, la letrada difundió como teléfono de su estudio jurídico una línea que aún figura en algunas guías telefónicas nombre del abogado Federico Toninelli, hijo del titular de la DGI, Angel Toninelli.
La información que trascendió en las últimas horas surge de un expediente interno de la AFIP en el que Báez detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras. Cabe recordar que en el caso de Badial, la AFIP había concluido que las cuentas de Báez no eran fiables y le imputó un “incremento patrimonial injustificado” de casi $600.000. Tal decisión generó un cimbronazo dentro del organismo estatal, lo que ocasionó que se procediera a la remoción de la línea técnica y se reabriera el proceso para que pudieran evaluarse nuevas pruebas. La imputación, dados los intereses acumulados, subió a $ 1,8 millón.
A partir de allí, el empresario santacruceño recurrió entonces al Tribunal Fiscal, para lo cual convocó a Naifleisch, que fijó su domicilio legal en la calle Cerrito 520, piso 9, oficina “G”, a metros del Obelisco. Ese es, a su vez, el domicilio fiscal declarado del propio titular de la DGI, Toninelli. La letrada recurrió al Tribunal Fiscal para lograr la revocatoria del monto determinado por la AFIP. Finalmente, por 2 votos contra 1, la Justicia le dio la razón a Báez. Ahora bien, el voto clave fue dado por José Luis Pérez, un miembro subrogante que llegó al Tribunal Fiscal de la mano del director de la DGI. Incluso, dicho magistrado habría asistido con su esposa a la fiesta de casamiento del hijo de Toninelli.
El (des)control de Vázquez
Tiempo atrás, Lázaro Báez mudó su domicilio fiscal a Buenos Aires, lo que cual le permitió que sus movimientos financieros quedaran bajo la órbita de control del sabueso K de la AFIP, Andrés Vázquez. Dicho funcionario fue el mismo que ordenó el operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín en 2009 y llegó a ser sumariado por mantener vínculos con otro de los presuntos testaferros K, Cristóbal López.
Todo queda en familia
Con cuatro meses de trabajo en la AFIP, la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, fue nombrada en 2010 como titular del organismo en la regional de Río Gallegos. La designación, impulsada por Ricardo Echegaray, obedecía a una interna en la dependencia estatal respecto a diversas investigaciones que venían recayendo sobre Báez por facturación a través de empresas fantasmas.
Virginia es hermana de Rocío, esposa del líder de La Cámpora, y según trascendió, sería una de las máximas exponentes de la agrupación kirchnerista en Santa Cruz, a la vez que se constituyó como el principal eje de oposición del gobernador Daniel Peralta, en la actualidad uno de los gobernadores enfrentados con la Casa Rosada.
Según el Gobierno, la creación de la Regional Río Gallegos no tuvo que ver con generar un cerco de impunidad sobre Báez, sino con “afianzar la presencia institucional, mejorar el control y el servicio brindado a los contribuyentes”.
Más pruebas de los lazos con los Kirchner
Al cierre de esta edición, un programa periodístico de televisión arrojó nuevas pruebas sobre la relación entre Lázaro Báez y los Kirchner.
A partir de los datos que surgen del acta de directorio de la empresa Austral Construcciones SA, Báez y Néstor Kirchner fueron socios en la construcción de una propiedad horizontal de diez departamentos en Río Gallegos. Asimismo, en la declaración jurada de la presidenta Cristina Fernández, presentada en 2008 ante la Oficina Anticorrupción, la Jefa de Estado aseguró haber recibido acreencias por $ 8.527 de la misma compañía constructora.
Martín Báez admitió conocer a Fariña
En diálogo con la prensa, el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, admitió que conocía al financista Leonardo Fariña y no negó que éste haya trabajado para Austral Construcciones S.A, la empresa propiedad de su padre.
“Sí (lo conozco a Fariña), nos lo presentó gente de la empresa Plus Cargas, de Buenos Aires. Es una empresa de transporte de cargas. Lo trajeron para que haga operaciones desde Buenos Aires, pero cuando cambió su perfil y empezó a aparecer en los medios, nos desvinculamos de él” sostuvo Martín Báez, señalado como el heredero directo del presunto testaferroK.