El Defensor del Pueblo de General Pueyrredón habló en la 99.9 sobre la causa que se lleva adelante contra Accord Salud por parte de muchos usuarios y donde fueron aceptados por el juez Santiago Martin como Amicus Curiae.
La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón fue aceptada como amicus curiae en una causa que se lleva adelante contra la Accord Salud por lo que se considera una estafa y donde los afiliados han presentado un amparo colectivo.
Marcelo Lacedonia, titular de la Defensoría, habló en la 99.9 sobre la historia detrás de lo que padecen los afiliados: «en diciembre del 2024 empezamos a recibir diariamente un goteo de reclamos contra Accord Salud, que es la empresa de medicina prepaga que controla el Sindicato de Unión Personal, que dio a mucha gente hace unos años el Plan Dorado, que salió medio a romper el mercado, con un precio muy bajo, con prestaciones muy interesantes. Eso hizo que mucha gente que tenía otras obras sociales o prepagas migraran. En diciembre, empiezan a circular rumores, porque en realidad no hubo una comunicación fehaciente. Hicimos reclamos porque lo que les decían era que a partir del 20 de diciembre el plan dorado iba a ser tercerizado, iba a estar en manos de una gerenciadora. Esto significó en los hechos que la gente no solamente viera cambios de la cartilla de prestadores contratada oportunamente, sino que se suprimieron prestadores, la gente dejó de poder internarse ante una situación de emergencia en las clínicas en las cuales se venía atendiendo. Eso generó cada vez más reclamos».
Llegó un momento donde había tantos afectados que decidieron presentarse en la justicia: «llegamos a 250 reclamos y algunos afiliados iniciaron un amparo colectivo patrocinado por un abogado particular. Eso fue en la feria judicial, a principios de febrero ingresó en el Juzgado Federal segundo y nosotros el 21 de febrero, al seguir recibiendo casos y entender que se trata de una cuestión de interés colectivo, porque son alrededor de 10.000 afiliados, hicimos una presentación en este amparo colectivo bajo la figura del amigo del tribunal o amicus curiae».
Lo que está viendo Lacedonia es que hay una maniobra donde buscan que mucha gente voluntariamente y bajo presión deje los planes: «el común denominador en todos los reclamos que recibimos es que la opción es que te subas a un plan superior abonando un 200 % o más del valor que la gente venía pagando, o que te busques otra opción. La gente más joven, activa y que podía acceder a eso, alrededor de 1.000 usuarios cambiaron a un plan superador, pero mucha otra gente sigue. El gerenciador cambió el sistema prestacional, antes había libre elección de médicos e instituciones muy amplias que tenía la cartilla. Hoy todos tienen que ir a los consultorios de esta prestadora, los atiende un médico generalista y él decide si lo deriva un especialista o no. No puede acceder la gente sola a un ginecólogo, en el caso de las mujeres, o un neurólogo, es violatorio también de la Ley de Defensa al Consumidor. No hubo una comunicación fehaciente, porque las empresas pueden cambiar la cartilla de prestadores. Se pasó de una libre elección a un filtro y por otro lado hubo supresión de prestadores. Hoy la gente no se puede internar y operar en Clínica 25 de mayo, Pueyrredón o Colón, sino se ha visto reducido al HPC y creo que la Clínica Belgrano».
Ante toda esta situación y la prueba generada, la justicia permitió que se incorporen a la causa y aporten los datos que tienen: «hemos sido admitidos por el juez Santiago Martín, como amigo del tribunal, y ha fijado una audiencia conciliatoria citando a las partes y también a la Defensoría del Pueblo, entendiendo que tenemos la competencia para dar una opinión importante a los efectos de resolver la cuestión».
Por último, hizo su análisis sobre lo que puede suceder a futuro con todo el sistema de prepagas de acuerdo a este tipo de situaciones: «se va creando un escenario que va a terminar, si sigue así esto, con cuatro o cinco grandes prepagas y el resto van a obras sociales pequeñas».